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Esperemos que el envío a los Estados Unidos de 29 criminales vinculados al narcotráfico dé el resultado deseado, al menos para disuadir al presidente Trump por otro mes de imponer aranceles ilegales a las exportaciones mexicanas. Estos gravámenes van en contra del acuerdo comercial que él mismo impulsó y firmó en su primera presidencia. Sin embargo, debemos considerar que este tema va más allá de la normalidad comercial.
Es un error ver los aranceles como una herramienta del gobierno estadounidense para presionar a las autoridades mexicanas y canadienses a actuar proactivamente en temas migratorios o de narcotráfico. La verdad es que la iniciativa de Trump se relaciona con la economía y su idea de que Estados Unidos sea una potencia exportadora de manufacturas. Para entender mejor la posición de Trump, es necesario escuchar a su principal asesor en temas económicos, el economista Peter Navarro.
Las razones por las cuales Trump podría ser disuadido de imponer aranceles son su impacto en la población en términos de inflación y la percepción de que es un error optar por estas medidas. La inflación es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, y votaron por Trump con la esperanza de que resolvería este problema. La imposición de aranceles podría tener un efecto inflacionario y afectar las elecciones de Congreso y un tercio del Senado a finales del próximo año. Además, Trump está perdiendo popularidad debido a sus excesos, como el trato grosero al presidente de Ucrania, lo que comienza a pasar factura y revelar su verdadera naturaleza despotista.
El traslado masivo de criminales a Estados Unidos pone de manifiesto dos temas que reflejan la situación poco favorable del país: la debilidad frente a su vecino y el fracaso del sistema de seguridad nacional en la lucha contra criminales cuyos delitos ocurrieron en territorio mexicano. Si bien estos delincuentes tienen implicaciones en el país vecino, es en México donde cometieron asesinatos, extorsiones, corrupciones y robos, y es ahí donde deberían ser juzgados y sancionados.
La decisión de trasladar a estos criminales es vergonzosa y cuestionable en términos legales, con consecuencias graves. La presidenta Sheinbaum ha optado por no asumir la responsabilidad de esta decisión y la ha trasladado a su gabinete de Seguridad, compuesto por sus subordinados. La reacción inicial del público ha sido positiva hacia Sheinbaum, lo que indica la falta de reacción oportuna de la prensa independiente. Algunos ven este acto como una forma de mejorar la relación con el poderoso vecino, mientras que otros esperan un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado y la violencia. Sin embargo, la lucha contra el crimen debe comenzar por objetivos internos y la erradicación de la impunidad, sin proteger a funcionarios importantes del régimen que podrían estar coludidos con el crimen.
La situación crítica en materia de seguridad y la amenaza de Trump han obligado a abandonar la política complaciente del pasado. El cambio era inevitable y ahora queda claro que, al igual que la corrupción fue la mayor debilidad del régimen priísta, la vinculación de Morena con el crimen organizado, aunque corrupto, es su talón de Aquiles. Esta conexión no es imaginaria ni producto de chismes, sino una evidencia que no puede ser ignorada ni superada con respuestas retóricas.
El traslado de estos criminales no debe ser motivo de orgullo ni tranquilidad, sino un reflejo del fracaso y la debilidad del Estado mexicano frente a los criminales y su vecino del norte.
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