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La falta de empatía y el relato construido colectivamente sobre la lista de errores y negligencia que ocurrieron al momento en que una estructura decorativa colapsa en pleno festival Axe Ceremonia el fin de semana pasado, nos está desnudando. Dos jóvenes fotógrafos, Berenice y Miguel Ángel, murieron bajo los hierros que iban a sostener la estética de la noche. La música no para. El show sigue. Y durante ocho largas horas —en las que la vida ya se había ido—, los organizadores y autoridades guardaron silencio. Se ha convocado a un paro del gremio periodístico y fotográfico para este martes. Un día antes en la FES Aragón, alma mater de los dos jóvenes que no debieron morir, se realizó un homenaje y el domingo, las afueras del Parque Bicentenario se alumbraron con veladoras y protesta.
Las posturas hay de menos a más miserables . En la cima se ha colocado el alcalde Mauricio Tabe, cuya prioridad ha sido deslindarse de cualquier responsabilidad sin ofrecer la mínima asistencia a los familiares y sin advertir acciones para garantizar la no repetición de “accidentes” o mejor dicho, negligencias, de esta magnitud. Le han seguido otras autoridades que encontraron un instrumento para golpear políticamente. Medios que no ofrecen seguridad social ni prestaciones a sus trabajadores de campo y la indolencia de una industria del entretenimiento y shows musicales que raya en la criminalidad.
Hay tragedias que, por su carácter evitable, dejan un sabor más amargo. Este accidente fue el resultado directo de decisiones humanas, de omisiones negligentes, y de una alarmante falta de coordinación entre organizadores y gobierno, algo que debería alertar a cualquier padre de familia, maestro o amante de la música, pues aunque esto ocurrió a dos fotoperiodistas, en realidad pudo ser cualquiera.
Bertha Alcalde, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, ha dado un mensaje. Lo hace con rostro grave, y con un compromiso claro, estructurado en cuatro ejes. Vayamos por partes.
1. Investigación penal del accidente y cero impunidad
Bertha Alcalde ha prometido una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades penales. Se trata de la única vía para saber quién permitió que una grúa operara en medio del público sin autorización y con el uso contrario a los manuales de seguridad, quién dio luz verde al montaje de una estructura no inspeccionada, y quién omitió verificar el cumplimiento del protocolo de Protección Civil. La ingenuidad no puede ganarle a un evento anunciado en exceso que tuvo publicidad días previos sobre el montaje de tales estructuras qué supuestamente eran “puntos seguros”. Con forma de oso, los mapas entregados en folletos y digitalmente los advertían. Primera gran mentira de Mauricio Tabe. Sí, la negligencia de los organizadores fue asesina pero la omisión de Protección Civil también fue letal. La fiscal ha dicho que habrá consecuencias. Pero en este país estamos cansados de las promesas. La pregunta es: ¿se atreverán a imputar responsabilidades a empresarios o funcionarios públicos? ¿O una vez más, la justicia será selectiva?
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2. Evaluación de errores en el montaje y permisos
Lo menos que puede hacerse en memoria de Bere y Miguel es revocar la concesión de Parque Bicentenario. Aquí, Alcalde fue específica: se revisarán los permisos otorgados al festival, las modificaciones posteriores y, sobre todo, la instalación de grúas no autorizadas. Según Protección Civil, estos elementos no estaban presentes durante la inspección inicial. Esto sugiere dos escenarios: o se montaron sin permiso (lo cual es gravísimo), o las autoridades hicieron una revisión superficial y simbólica. En ambos casos, se trata de un fallo estructural. La fiscal debe garantizar que la revisión no quede en manos de los mismos que autorizaron el evento: de nada sirve que los vigilantes se auditen a sí mismos. La presidenta Sheinbaum ya ha encomendado a la SEDATU la revisión de esta concesión y lo que aún no tenemos son las garantías de no repetición. Vaya que entre tanta insensibilidad, las familias han recibido donativos privados para afrontar gastos funerarios completamente inesperados porque a pesar de que a los concesionarios se les exigió la contratación de varios seguros y aun cuando los boletos de ese tipo de shows contemplan un seguro de gastos, a las familias nadie les ofreció apoyo para atención funeraria.
Creo que como sociedad, lo que más nos ha roto es la indiferencia. Que el festival siguiera con dos fallecidos a cuestas, que el silencio buscara imponerse prohibiendo grabar y sacando a reporteros, que los medios siguieran posteando y los cantantes, cantando. Qué nada importaran esas vidas mientras las filas de alimentos y bebidas seguían desbordadas. Que la inconsciencia fuese capaz de robar la cámara de Bere, recoger dos cuerpos inertes. Tapados por mesas volteadas, reportados como lesionados para no agravar la situación. Que una institución gubernamental publicara un comunicado con información no confirmada en la que se aseguró que fueron trasladados con vida y que en el hospital fallecieron. Que otra institución de la salud tuviese que publicar diverso comunicado para aclarar que llegaron muertos. Que todos hubieran intentado capitalizar el evento y ahora nadie pueda afrontar la responsabilidad de cada elemento condenable en lo sucedido.
3. Revisión de protocolos de Protección Civil
Este compromiso apunta a una falla sistémica. ¿Qué protocolos existen para eventos masivos? ¿Cuántos se cumplen realmente? Y más aún: ¿quién los supervisa? La fiscal plantea una reingeniería, y es loable, pero insuficiente si no se acompaña de mecanismos de fiscalización ciudadana y sanciones reales. Lo que ocurrió en el Ceremonia AXE podría repetirse mañana en otro festival, si no se establece una política de tolerancia cero a la improvisación.
4. Atención a víctimas y sus familias
Bertha Alcalde también habló de garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas. Este es, quizá, el compromiso más urgente. Los deudos no solo han perdido a sus seres queridos: han sido víctimas del abandono institucional. Nadie los protegió cuando se instalaron estructuras peligrosas. Nadie detuvo el concierto cuando cayeron. Y nadie explicó, durante horas, qué había pasado. La reparación no puede limitarse a una indemnización económica. Debe incluir verdad, justicia y garantías de no repetición.
Al final del día, lo que está en juego no es el prestigio de un festival, ni la reputación de una empresa promotora o un gobierno en conflicto con otro. Es el valor que como sociedad le damos a la vida humana. Un valor que parece deteriorado y relativizado… Porque si después de esta tragedia nada cambia, entonces no solo caerán estructuras en los conciertos: también colapsará, irremediablemente, la confianza y la cohesión de un tejido tan herido, acostumbrado a lo peor, que noticias como esta amenazan con pasar desapercibidas. Y vendrá otro concierto, otro accidente, otro crimen, otra nota y entonces la memoria será la única resistencia a la impunidad del olvido. Nadie debería morir haciendo lo que ama.
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