Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de prisión por el Poder Judicial por haber cometido el delito de lavado de activos en las campañas presidenciales del 2006 y el 2011. En consecuencia, la Policía Judicial detuvo en ese mismo momento al exmandatario, quien se encontraba en la sala.
En el caso de la exprimera dama, quien no acudió a la audiencia, se dictaminó una orden de captura en su contra. En un inicio, sus familiares informaron que ella estaba delicada de salud y que se habría internado en una clínica. Sin embargo, luego se supo que había ingresado a la embajada de Brasil en Lima y solicitado asilo político.
En la primera contienda electoral, cuando perdió contra Alan García, Ollanta habría recibido un millón de soles en aportes falsos desde Venezuela, mientras que en la segunda fueron 3 millones de dólares de dinero ilícito de Odebrecht.
Estos recursos fueron introducidos en la economía nacional de manera no declarada, dándoles una apariencia legal, lo que constituye el delito de lavado de dinero.
La jueza Nayko Coronado hizo mención durante el adelanto de fallo que la justicia brasileña impidió que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata declaren en juicio, pese a que estaban citados.
El Tribunal también aseveró que se efectuaron contratos ficticios de empresas con Nadine Heredia, y que los servicios nunca se efectuaron. En ese sentido, precisó que el contrato de asesoría de la compañía Apoyo Total con la exprimera dama fue simulado para ingresar al sistema bancario el dinero restante de la campaña del 2006.
La condena de la pareja presidencial recién concluiría el 8 de julio de 2039, a menos que la Corte Suprema declare nula la sentencia.
INHABILITACIÓN
La sentencia también establece la inhabilitación de Ollanta Humala, Nadine Heredia e Ilan Heredia para ocupar cargos públicos.
La medida se acatará durante el mismo período de tiempo de sus condenas, 15 años para Humala y su esposa, y 12 años para Ilan Heredia.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos refuerza la gravedad de la sentencia, impidiendo a los condenados participar en futuros procesos electorales o asumir responsabilidades en la administración pública durante el tiempo que dure su condena.
REPARACIÓN MILLONARIA
Además de los años de cárcel, el juzgado impuso el pago de una reparación civil ascendente a 10 millones de soles para los imputados.
El tribunal ordenó que Ollanta Humala, Nadine Heredia y sus cómplices paguen una reparación civil conjunta de 10 millones de soles. Esta medida tiene como objetivo compensar el daño causado al Estado por los delitos de lavado de activos cometidos.
Además, el Partido Nacionalista Peruano, vinculado a las campañas de Humala, fue multado con 100 UIT (unidades impositivas tributarias) debido a su implicación en el caso.
DETENCIÓN INMEDIATA
Tras la lectura de la sentencia, las cámaras de Justicia TV captaron al expresidente enviando mensajes desde su teléfono móvil, aparentemente consciente de que serían sus últimos momentos con acceso libre a su dispositivo.
Según reportó el medio, Humala se mostró concentrado mientras escribía, posiblemente dando instrucciones finales a su familia antes de ser detenido por la Policía Judicial.
Minutos después, agentes policiales se acercaron para proceder con su detención. Sin embargo, su abogado, Wilfredo Pedraza, solicitó unos segundos adicionales para que Humala pudiera finalizar sus mensajes. Durante su salida de la sala, el exmandatario abrazó a una de las asistentes antes de ser escoltado por las autoridades.
ORDEN DE CAPTURA
Inmediatamente se ordenó la captura de Heredia. La Policía llegó a su casa, pero no la ubicó.
De acuerdo con los medios apostados en exteriores, minutos antes un courier motorizado llegó a la vivienda de Nadine para recoger una maleta con ropa.
ASILO
Minutos después, la Cancillería peruana informó que la Embajada de Brasil en Lima había notificado que Nadine Heredia había ingresado a la sede diplomática y solicitado asilo político.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la petición de Heredia se enmarca en los términos de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, un acuerdo internacional al que tanto Perú como Brasil están suscritos.
De acuerdo con el comunicado, la solicitud de asilo de Heredia fue presentada durante la mañana, lo que generó una inmediata coordinación entre los gobiernos de ambos países. Las autoridades peruanas confirmaron que mantienen una comunicación constante con sus contrapartes brasileñas para abordar esta situación, que podría tener implicaciones diplomáticas significativas.
La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece las bases legales para que una persona pueda solicitar protección en una embajada extranjera cuando considere que su vida, libertad o integridad están en peligro en su país de origen. Este tratado, ratificado tanto por Perú como por Brasil, regula los procedimientos y las condiciones bajo las cuales se puede otorgar el asilo diplomático.
Ahora, las autoridades brasileñas deberán analizar la solicitud, hecho que podría extenderse durante días o semanas, y determinar si cumple con los requisitos establecidos en la Convención sobre Asilo Diplomático.
OBJECIÓN
El abogado de Nadine Heredia expresó su desacuerdo con la ejecución inmediata de la sentencia penal contra su defendida, calificándola como una medida arbitraria.
Julio Espinoza Goyena argumentó que la ejecución de la sentencia solo puede llevarse a cabo una vez que el fallo sea leído íntegramente, de acuerdo con el mandato del Tribunal Constitucional. Además, señaló que no ha existido indicio de peligro procesal, como fuga o obstrucción, durante todo el proceso judicial.
En su opinión, ordenar la ejecución de una pena, sin conocer los fundamentos específicos de la sentencia y cuando aún debe ser revisada en segunda instancia, sería una medida inconstitucional.
RECHAZO
El abogado Wilfredo Pedraza expresó su rechazo a la decisión. Sostuvo que la ejecución inmediata de la sentencia es “un atropello” y criticó que no se haya esperado a que la condena sea confirmada en segunda instancia, tal como —según indicó— lo establece el Tribunal Constitucional.
“El señor Humala está impresionado por una decisión así. En nuestros cálculos y proyecciones, habíamos descartado una ejecución inmediata, principalmente, porque es de dominio de la comunidad jurídica que las sentencias solo deben, razonablemente, cumplirse después de ser confirmadas en segunda instancia, porque así lo dispone el TC. Por tanto, no era una posibilidad, una posibilidad lejana, pero evidentemente lo ocurrido hoy nos parece un atropello“, sostuvo.
El abogado también calificó de “arbitraria” la decisión judicial y remarcó que Humala ha tenido un comportamiento procesal impecable a lo largo de más de diez años de investigación, presentándose a todas las audiencias y resoluciones del proceso.
OTRAS CONDENAS
El fallo también incluyó condenas para otros involucrados en el caso. Ilán Paul Heredia Alarcón, hermano de Nadine Heredia y encargado del manejo de los recursos del Partido Nacionalista Peruano, fue sentenciado a 12 años de prisión. La sala dispuso una orden de captura en su contra para que sea puesto a disposición del juzgado.
Por otro lado, Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia; Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Eladio Mego Guevara recibieron penas de cinco años de prisión suspendida, con reglas de conducta que deberán cumplir durante un período de cuatro años.
En tanto, Mario Julio Torres Aliaga fue condenado a ocho años de prisión efectiva, que deberá cumplir en el penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó el pago de una reparación civil de 10 millones de soles (aproximadamente 2,6 millones de dólares), que deberá ser asumida de manera solidaria por todos los sentenciados.
HUBO LAVADO
El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que con la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia quedó demostrado que el Partido Nacionalista fue “instrumentalizado” para lavar dinero.
A su salida de la Sala, en donde leyeron el adelanto del fallo, Atoche apareció junto al coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela. Lo curioso es que el suspendido y cuestionado fiscal, José Domingo Pérez, también se apareció y se paró a su lado.
NO HAY INTOCABLES
Por su parte, el fiscal Rafael Vela señaló que la sentencia demuestra que en el Perú “no hay intocables”, además, de que la justicia pueda alcanzar incluso a un segundo presidente constitucional.
Vela dijo que dicha decisión es un precedente importante para futuros casos relacionados al financiamiento ilícito de campañas políticas.
Ollanta en Barbadillo
Ollanta Humala será recluido en el Penal de Barbadillo, localizado en el distrito de Ate, que es el lugar designado para que los expresidentes cumplan sus condenas. Por ejemplo, Pedro Castillo, se encuentra en el establecimiento por las acusaciones que tiene por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público.
Alejandro Toledo, por su parte, se encuentra en esta cárcel por haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos en el contexto del caso Lava Jato.