Mucho se ha debatido sobre el papel del Estado en el estancamiento económico y las largas demoras en la aprobación de proyectos de inversión. Si bien es cierto que la burocracia estatal, conocida como permisología, tiene un impacto evidente, también es importante considerar el otro lado de la moneda, ya que no todas las responsabilidades recaen en lo público.
Uno de los avances más significativos del país en su camino hacia el desarrollo ha sido la implementación de la actual institucionalidad ambiental. La creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la década de 1990 y su posterior fortalecimiento en 2010 situaron a Chile en línea con otros países de la OCDE en términos de compromiso con un crecimiento sostenible. En las economías modernas, se comprende que no se puede lograr el desarrollo sin un crecimiento responsable.
“Después de más de 25 años de funcionamiento del SEIA, muchas industrias existentes han seguido creciendo amparadas en autorizaciones que no cumplen con los estándares ambientales actuales”.
Antes de la entrada en vigor del SEIA en 1997, la evaluación del impacto ambiental se realizaba de manera fragmentada y superficial por ciertos servicios sectoriales. La creación de un organismo especializado para evaluar y gestionar integralmente el impacto de la actividad empresarial supuso un cambio radical en la forma en que se aprobaban los proyectos hasta entonces. Para garantizar la seguridad jurídica de los proyectos existentes, el sistema los dejó fuera de su alcance, siempre y cuando continuaran operando de acuerdo con las autorizaciones originales.
Sin embargo, después de más de 25 años de funcionamiento del SEIA, muchas industrias existentes han seguido creciendo al margen del sistema, respaldadas por autorizaciones que no cumplen con los estándares ambientales actuales.
Existen razones sólidas para cuestionar esta situación, no solo por razones ambientales. Permitir la existencia de regímenes diferenciados de funcionamiento afecta la igualdad ante la ley y la competencia entre los diferentes actores de una misma industria, distorsionando el mercado y debilitando los incentivos para invertir en tecnologías más avanzadas y modelos de producción más sostenibles.
Para abordar este vacío, en 2012 se estableció un nuevo reglamento del SEIA que introdujo la figura de los “cambios de consideración”, que establece que un proyecto o actividad que experimente cambios significativos debe someterse a evaluación ambiental. Por lo tanto, una empresa que aumenta su capacidad de producción o modifica sustancialmente sus operaciones no puede esperar permanecer al margen del sistema. Es comprensible que los inversionistas busquen expandir sus actividades confiando en la estabilidad de las reglas del juego, pero no es aceptable que esta expectativa se traduzca en la pretensión de operar bajo marcos regulatorios obsoletos.
Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente ha intensificado la fiscalización de aquellas industrias que han experimentado cambios sustanciales, lo que ha generado malestar en ciertos sectores empresariales que alegan una ruptura en la confianza. Es importante preguntarse si aquellos que buscan expandir sus proyectos de acuerdo con estándares de hace 25 años están defraudando la confianza depositada en ellos por el país al autorizar su actividad.