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Se han acabado las vacaciones para los corruptos de todo el país y en cualquier nivel. El anuncio de la detención de 14 funcionarios municipales en el Estado de México por presuntamente colaborar con grupos delictivos marca un punto de inflexión en el combate a la corrupción y la violencia en el país. Estas capturas, realizadas en el marco de la Operativo Enjambre, no solo evidencian una estrategia meticulosamente planeada y ejecutada, sino también un mensaje contundente: la impunidad ya no será el refugio de los corruptos.
Pueden preocuparse aquellos que colaboran con el crimen. Los que aceptan sobornos, quienes fueron impulsados por fuerzas criminales. Aquellos que se enriquecen con el dolor de las comunidades. Para gusto o disgusto de las peores personas de este país, Omar García Harfuch fue impulsado por el buen juicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado por la confianza de millones de ciudadanos.
A diferencia de episodios del pasado, como el tristemente célebre “michoacanazo” que fue simulación cómplice con grupos de cárteles oponentes, este operativo cuenta con un respaldo jurídico sólido y la única postura: una oficial, sin criminales, sin Garcías Lunas cómplices de una fuerza. Las detenciones no son resultado de venganzas políticas ni de actos improvisados.
Hubo investigaciones previas, recopilación de pruebas y órdenes de aprehensión otorgadas por jueces. Harfuch así como su equipo saben trabajar mediante la inteligencia. Este respeto al debido proceso refuerza la legitimidad de la Operativo Enjambre y contrasta con los atropellos legales que empañaron administraciones anteriores, donde la justicia era más espectáculo que sustancia.
Las cifras son precisas: 1,500 elementos de las fuerzas de seguridad, incluidos efectivos de la Sedena, la Semar, la FGR y el CNI, desplegados en acciones simultáneas y coordinadas. Este nivel de colaboración entre los tres niveles de gobierno no tiene precedentes recientes en un país donde las agendas políticas a menudo entorpecen la eficacia operativa.
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Las detenciones de siete servidores públicos de seguridad, entre otros, son una muestra de que la red de corrupción y protección a la delincuencia no es un fenómeno abstracto, sino una maquinaria bien aceitada que encuentra cómplices dentro de las instituciones públicas.
Nunca antes habíamos visto una voluntad política tan clara para actuar contra ambos frentes: los generadores de violencia y quienes, desde el poder, los amparan.
El Estado de México, históricamente asediado por altos índices de violencia y complicidades institucionales, se convierte ahora en un laboratorio de justicia. Si bien aún hay mucho camino por recorrer, la Operativo Enjambre es un recordatorio de que la seguridad no es una utopía si se cuenta con estrategias serias y voluntad para aplicarlas.
Es fundamental que estas acciones no se queden en casos aislados ni en los titulares del día. La Operativo Enjambre debe ser el comienzo de una política sostenida que rompa el ciclo de corrupción y violencia. Pero también es imprescindible que las detenciones deriven en procesos judiciales ejemplares que culminen en sentencias firmes. La sociedad mexicana ha sido testigo de demasiados operativos que se desmoronan en los tribunales, ya sea por negligencia o por corrupción judicial.
En un país donde la narrativa oficial ha oscilado entre los “abrazos, no balazos” y la militarización sin estrategia, esta operación parece encontrar un equilibrio necesario. La violencia no puede combatirse con discursos vacíos ni con despliegues ineficaces. Hace falta un Estado que actúe con inteligencia, fuerza y, sobre todo, integridad. Las señales son que ese Estado ha llegado. Que sus complicidades nunca podrán comprar la voluntad de Harfuch y su equipo. Inclusive, que la colaboración entre Fiscalías, como el titular Cervantes, son suficientes para combatir a los cárteles desde la médula: contra aquellos que traicionaron nombramientos y confianzas. La gobernadora, Delfina Gómez, podrá dormir tranquila, así como la presidenta. Saben que no están solas.
Es justo reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y de las instituciones de justicia en esta operación. Pero el éxito no solo se mide en detenciones: el verdadero triunfo será restablecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, demostrar que nadie está por encima de la ley y asegurar que los recursos públicos sean un instrumento de bienestar y no de enriquecimiento ilícito.
Los criminales y sus cómplices en el gobierno deben temblar, no por la arbitrariedad de un sistema vengativo, sino por la fuerza de un Estado que finalmente se ha propuesto defender a su pueblo con apego a la ley. Uno que abandera la justicia y que contrasta por décadas de impunidad. La Operativo Enjambre será el inicio de una nueva era de justicia en México.
Y sí, que tiemblen los que saben que algo deben.
Operativo Enjambre. (Secretarías de Estado)
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