La inteligencia artificial va a hacer que la Sunedu sea irrelevante. Todo profesional que no haya desarrollado una capacidad de pensamiento crítico que sepa interactuar con la inteligencia artificial y sacarle el máximo provecho va a ser menos productivo que cualquiera de las opciones que el mercado ya ofrece y que solo irán mejorando en precisión. La delegación de tareas operativas en practicantes o personal junior va a ser reemplazada por el uso intensivo de inteligencia artificial, y solo los profesionales jóvenes que sepan sacarle el jugo a ella tendrán buenas opciones de trabajo, aquí o en un mercado global por Internet. Las universidades bamba eventualmente dejarán de tener alumnos, pero luego de haber estafado a peruanos que invirtieron tiempo y esfuerzo por el sueño del título profesional.
El Estado también debería tener un vuelco brutal para mejorar servicios al ciudadano si usa la tecnología para ello, pero esa agenda de en qué y cómo debe mejorar no puede dejarse en manos del Gobierno, porque no ocurrirá. Con la potencia que implican los LLM (Large Language Models, sus siglas en inglés), no hay razón para que los trámites no se aceleren a una fracción muy pequeña del tiempo que tomaba procesarlos manualmente. Bastaría poner en un modelo de inteligencia artificial toda la legislación y jurisprudencia y preguntarle si la solicitud cumple con todo lo necesario, y que resalte los casos en que pueda haber dudas respecto de si se cumple o no cualquier requisito, o si existen ejemplos en la jurisprudencia de casos similares en que se denegó el permiso.
El prompt (la pregunta estructurada para que sea mejor la interacción entre humano y computadora) se puede perfeccionar hasta tener un nivel de certeza de que se aprueban correcta e inmediatamente los permisos que claramente no tienen problemas, y se concentra la discusión en los casos grises, analizando y uniformizando criterios para hacer jurisprudencia. Ya no hay razón válida para argumentar que reducir plazos es bajar estándares, basta una suscripción pagada a ChatGPT o similares.
Eso va para todo el Estado, incluso para el Poder Judicial y Fiscalía, donde el procesamiento de expedientes de miles de páginas alarga procesos y castiga vidas sin haber determinado si se es inocente o culpable. Incluso antes de integrar la inteligencia artificial a la administración de justicia, debería ponerse un tope al número de páginas por expediente para no fomentar que se argumente al peso en vez de con criterios claros y transparentes. Un argumento que requiere miles de páginas para presentarse tiene huecos que se intentan ocultar mediante el inevitable cansancio del lector: nadie es capaz de seguir un argumento lógico más allá de las mil páginas. Al dicho “lo que no está en el expediente, no existe”, habría que agregarle “lo que no se resume, tampoco”.
El sector privado debería conformar un grupo de trabajo de uso de la tecnología para la reforma del Estado y la mejora de servicios al ciudadano que incluya el tema de simplificación de trámites, pero que vaya más allá. Esta revolución tecnológica es brutal y no hay en el Estado capacidad ni incentivos correctos para aprovecharla. O se hace desde fuera, cumpliendo con la esencia del interés público o no se hace, creo.
El cambio que va a producir la inteligencia artificial en todo orden de cosas es brutal, y no exento de riesgos, porque como toda tecnología se puede usar para bien o para mal. Como he comentado en anteriores columnas, el Estado peruano es tan malo en estos campos que documentos militares secretos fueron hackeados porque no se había actualizado Windows (basta googlear Guacamaya papers). Si un país ni siquiera tiene equipos suficientemente capacitados en temas de defensa, ¿qué se puede esperar del resto? Nos lo acaba de recordar también la filtración de datos personales de millones de peruanos.
Dejar esto en manos del Estado es exponerse a que nunca se haga o se haga mal. Debería conformarse un grupo, también integrado por peruanos que están en la frontera tecnológica ya, mañana es tarde.