Desde este martes 22 de abril, el actual Congreso de la República habrá consumado uno de los golpes a la meritocracia y la lucha contra el nepotismo más grandes de los últimos años.
Perú21 accedió y corroboró información que corresponde al inicio de pesquisas por parte de la Policía Nacional en torno a una presunta red delictiva que habría operado bajo el liderazgo del expresidente Pedro Castillo y que incluye a diversos legisladores que habrían beneficiado a sus familiares para que, desde que ellos llegaran al poder, consiguieran millonarios contratos con el Estado.
Fuentes de la Policía describieron a este diario la existencia de una estructura piramidal compuesta por varios niveles: en la cima, Castillo con ayuda del líder del partido que lo llevó a Palacio, Vladimir Cerrón; en un segundo nivel, asesores clave y familiares del presidente; en el tercero, congresistas de izquierda que llegaron al Legislativo en el partido del lápiz; y en la base, familiares que resultaron beneficiados con contratos estatales. Las instituciones captadas por esta red habrían sido ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y programas sociales, según se pudo revisar.
Uno de los más contundentes hallazgos de las pesquisas policiales es la vinculación de diez congresistas con contratos obtenidos por sus familiares directos con diversas entidades del Estado, los cuales fueron recabados por este diario del portal de contrataciones públicas. Los legisladores involucrados son Waldemar Cerrón, María Taipe, Paul Gutiérrez, Américo Gonza, Janet Rivas, Flavio Cruz Mamani, Óscar Zea, Lucinda Vásquez, Francis Paredes y Nieves Limachi. De estos, solo cuatro siguen en Perú Libre.
Entre los contratados figuran esposas, hermanos, hijos, cuñados, entre otros. Lo cierto es que, desde esta semana, entra en vigencia la modificatoria de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual elimina el impedimento que tenían los familiares de altos funcionarios, como congresistas, para contratar con el Estado.
Si hasta antes del 22 de abril un familiar, como hijos, hermanos o cónyuge de un congresista quiere contratar con el Estado, no puede hacerlo mientras el legislador siga en funciones, ni hasta 12 meses después de dejar el cargo.
Con esta nueva norma, esa prohibición desaparece. Es decir, los familiares de los 10 parlamentarios que detallaremos a continuación y otras autoridades ya no tendrán contratos irregulares y salen de la ilegalidad.
En el caso de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, el informe identifica a Domingo Angulo Manrique, hermano de su conviviente, como el principal beneficiario. A través de empresas como Hnos. Angulo S.A.C. y Gasocentro Angulo S.A.C., obtuvo contratos con las municipalidades de El Tambo, Chilca y el Gobierno Regional de Junín por un total de S/2’564,353.
Domingo Angulo firmó 61 contratos con entidades del Estado entre 2021 y 2022. Las contrataciones, muchas de ellas repetidas con las mismas municipalidades, fueron principalmente para la provisión de combustibles, mantenimiento de vehículos y otros servicios logísticos. Uno de los contratos más altos fue por S/807,707 con el Gobierno Regional de Junín, a través de la Dirección Regional de Agricultura.
La mayoría de los contratos fueron adjudicados por la Municipalidad Distrital de El Tambo, donde Angulo firmó más de 30 acuerdos con ambas razones sociales. También contrató con la Municipalidad de Chilca y el GORE Junín: un favorecimiento sistemático en regiones vinculadas políticamente a Perú Libre.
María Taipe Coronado tiene hasta tres familiares con contratos escandalosamente millonarios.
Sus hermanos Percy y Mirthia Taipe Coronado son los principales beneficiarios. A través de las empresas TAICORO S.A.C. y Orion Contratistas y Consultores S.A.C., sus contratos de servicios superan los S/43 millones. Entre los más destacados se encuentran: S/733,151.62 con la Municipalidad de El Agustino, S/2’074,386.15 con Challhuahuacho, S/503,115.97 con Cocharcas, S/508,470.04 con Electro Sur Este, S/8’256,033.95 con Aucara, S/24’007,638.99 con Curahuasi, S/4’331,170.01 con el GORE Apurímac y S/1’495,463.11 con el Minem. Todos desde que ella consiguió su escaño congresal.
Su sobrino Gefersson Flores Taipe contrató con el Poder Judicial y municipios por S/72,441.12, a través de la empresa AMDK Group S.A.C. Entre los contratos más relevantes figuran uno con el Poder Judicial por S/9,920.26, otro con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte por S/40,820.86 y un tercero con el mismo Poder Judicial por S/21,700.
Otros cuñados de Taipe, como Teófilo y Keny Quispe Huamán, también figuran con contratos menores que suman S/48,703.30. Estos fueron con municipalidades como Abancay, Huaquirca y Gamarra.
El monto total acumulado por los familiares de Taipe Coronado asciende a más de S/43.6 millones, convirtiéndose en uno de los casos más representativos y complejos de la red investigada por la Policía.
El hermano del legislador Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Saul Gutiérrez Ticona, ha recibido un total de tres contratos por montos que suman S/34,000, correspondientes al Programa de Educación Básica para Todos a lo largo de los últimos dos años.
Además, su esposa, Aurelia Saavedra Anampa, ha sido beneficiada con varios contratos en el mismo programa y otros proyectos relacionados con la infraestructura educativa, acumulando un total de S/102,500 en ingresos por estos servicios.
Adicionalmente, su cuñado, Cirilo Saavedra Anampa, también recibió dos contratos por un total de S/10,228 con la Municipalidad Distrital de Lurín. En total, la familia de Gutiérrez ha ganado S/146,728 en contratos desde que él llegó al Congreso.
En el caso de Américo Gonza Castillo, sus hermanos Martha y Teobaldo Gonza Castillo recibieron pagos del Ministerio de Agricultura, Essalud, la Policía Nacional del Perú y otras entidades.
Martha Gonza, su hermana, fue contratada por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio del Minag por S/3,000 el 15 de agosto de 2022 y también recibió S/6,000 de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP por servicios entre octubre de 2021 y febrero de 2022.
Teobaldo Gonza, su hermano, recibió S/16,000 y S/2,000 en dos contratos con Servicios de Parques de Lima (Serpar) en mayo y junio de 2022, y S/5,000 de Essalud en abril de ese mismo año.
El monto total acumulado por ambos hermanos asciende a S/32,000. La diversidad de instituciones contratantes —ministerio, policía, organismos autónomos y municipales— refuerza, según la Policía, un posible uso del aparato estatal para beneficiar a allegados del congresista.
La legisladora Janet Rivas Chacara también está involucrada en la información policial por contratos adjudicados a dos de sus familiares: su media hermana y su cuñado.
Su media hermana, Rosa Janet Caycho Chacara, obtuvo contratos con diversas entidades públicas. En diciembre de 2021 y abril de 2022 fue contratada por la Municipalidad Provincial de Cañete por montos de S/27,890.48 y S/27,421.00, respectivamente. El monto total recibido por Rosa Caycho ascendió a S/ 61,711.48.
Por su parte, su cuñado, Jorge Luis Aguado Rodríguez, también fue favorecido con contratos públicos. En 2022, recibió S/4,300 de la Municipalidad Provincial de Cañete y S/9,000 de la Municipalidad Distrital de Mala. En total, Aguado sumó S/20,200 en contratos.
En conjunto, los familiares de Janet Rivas suman S/81,911.48 en contratos públicos. Las adjudicaciones se concentran en municipalidades del ámbito regional de la congresista, lo que refuerza la tesis de un posible favorecimiento político local.
Flavio Cruz Mamani, quien representa al departamento de Puno, tiene un hermano: Edgar Esteban Cruz Mamani. Este último ha obtenido un contrato bajo el Programa de Empleo Temporal – Lurawi Perú por un monto de S/5,100.
Además, se menciona a Abel Román Maquera Humpiri, cuñado del congresista, quien también ha sido beneficiado con dos contratos en la Municipalidad Distrital de Socabaya por S/31,110 y S/15,000.
En total, la suma de los montos percibidos por los familiares directos de Flavio Cruz Mamani asciende a S/51,210.
Este diario pudo revisar que Inka Genetics SRL, empresa de la que el congresista Zea Choquechambi es accionista, ha estado involucrada en contratos significativos con el Estado. En particular, se registraron dos contratos destacados con el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. El primero, data del 12 de octubre de 2021 y asciende a S/22,200, mientras que el segundo, fechado el 19 de octubre de 2021, corresponde a un monto de S/15,930.
El total de estos contratos se eleva a S/38,130, recibiendo así una cantidad considerable a través de su participación empresarial cuando ya ocupaba una curul en el Parlamento.
Marti Frans Villacorta Vásquez, hijo de la congresista Lucinda Vásquez Vela, representante del departamento de San Martín, ha sido beneficiario de 2 contratos estatales.
Durante el año 2021 y principios de 2022, Villacorta obtuvo dos contratos importantes con la Municipalidad Distrital de Ventanilla. El primero de ellos, firmado el 10 de enero de 2022, tiene un valor de S/40,000 y era hasta el 1 de agosto de 2022.
El segundo contrato fue por un monto de S/55,140 y corresponde al año 2021. Al sumar ambos contratos, el total recibido por Marti Frans Villacorta asciende a S/95,140.
El hermano de la legisladora Nieves Limachi, Vittorio Felipe Limachi Quispe, ganó dos licitaciones estatales que totalizan S/60,000, ambas vinculadas al Reniec. La primera el 24 de agosto de 2021 y la segunda el 6 de mayo de 2022.
Finalmente, Francis Paredes está vinculada a Luis Ángel Barrial Luque, cuñado de su conviviente. La empresa FERSCONS EIRL, asociada a él, obtuvo cinco contratos con municipalidades como las de Castrovirreyna, Santiago de Chocorvos y Santiago (Ica), por un total de S/ 1’474,725.30.
El objetivo de esta pirámide, según fuentes policiales, era mantener el poder político a través de la captación de congresistas, quienes a cambio de respaldo al Ejecutivo habrían recibido beneficios para sus familiares y allegados.
Una vez más, la impunidad estará del lado de estos congresistas. Esta vez gracias a su propia hazaña: la nueva Ley de Contrataciones.