En los hechos, el SII puede fiscalizar, requerir antecedentes, revisar operaciones, aplicar sanciones, e interpretar administrativamente la ley tributaria. Esto tiene efectos prácticos que muchas veces equivalen a una norma vinculante para el contribuyente, sin que haya un debate legislativo ni un control judicial previo. El hecho de que el SII pueda redefinir la naturaleza de actos jurídicos en función de su sustancia económica genera inseguridad jurídica, cuando se aplica con criterios poco predecibles. Esto se agrava al combinarse con la presunción de dolo y trasladar al contribuyente común la carga de la prueba, dado que muchas veces los mecanismos de defensa disponibles actúan como barreras de acceso. Por ejemplo: en procesos administrativos de fiscalización o liquidación, el SII exige garantizar o pagar el monto en cuestión para poder recurrir, lo que para muchos es inviable.
Otra ejemplo de la asimetría del poder fiscal del Estado y la posición del contribuyente común son los revalúos. Acá el SII actúa con facultades amplias, técnicas y muchas veces incuestionables frente a un contribuyente con escasos mecanismos para anticipar, negociar o defenderse frente a decisiones que afectarán profundamente su situación financiera. Los reavalúos no se discuten, no se consensúan, y en la mayoría de los casos, no se comunican de forma clara antes de aplicarse. En 2022, como consecuencia del revalúo urbano, miles de personas vieron duplicadas o triplicadas sus contribuciones, especialmente en comunas donde los precios del suelo habían subido. Sin embargo, no hubo protestas, ni declaraciones parlamentarias, ni proyectos de ley para moderar estos efectos, debido a que los afectados eran personas naturales que no contaban con lobby ni con espacio en la agenda pública.
En cambio, el reavalúo agrícola generó una ola de reacciones porque contribuyentes rurales están organizados, representan intereses económicos visibles y cuentan con respaldo político transversal. De hecho, se anunció una postergación del cobro y una ley para suavizar su impacto. Esto evidencia el tremendo desbalance estructural entre el poder fiscal del Estado y la posición del contribuyente común. La concentración de funciones en el SII per se es motivo de debate técnico, pero claramente debiese ir más allá, pues no todos los contribuyentes están en condiciones de ejercer sus derechos con la misma fuerza. Tiene que haber un equilibrio entre quien cobra y quien paga.