El fallo del Tribunal Constitucional sobre la inmunidad presidencial afectará cinco casos judiciales contra la presidenta.
El Tribunal Constitucional ha anunciado que resolverá en mayo la demanda sobre las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. La decisión determinará si las pesquisas judiciales pueden continuar durante su mandato o deben suspenderse.
En una audiencia de cinco horas, las partes presentaron argumentos opuestos sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución. El Ejecutivo sostiene que solo el Congreso puede investigar a un presidente en funciones.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público defendieron su derecho a realizar investigaciones preliminares. Argumentaron que no buscan destituir a la mandataria, sino recabar evidencias sobre posibles delitos.
La presidenta del TC, Luz Pacheco, confirmó que el fallo se conocerá antes del 31 de mayo. Esta decisión sentará un precedente crucial para el equilibrio de poderes en el país.
El abogado de Boluarte, Joshep Campos, exigió respetar la interpretación tradicional de la Constitución. Subrayó que solo se aplican cuatro causales específicas para investigar a un mandatario.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respaldó la postura presidencial durante el debate. Advirtió que investigaciones paralelas podrían generar inestabilidad política institucional.
El artículo 117 establece causales como traición a la patria u obstrucción electoral. Según la defensa presidencial, las investigaciones actuales no se enmarcan en estos supuestos.
Los analistas jurídicos anticipan tres posibles escenarios en el fallo del TC. Podría invalidar todas las investigaciones o permitir solo algunas diligencias preliminares.
La decisión afectará directamente cinco casos abiertos contra la mandataria, que incluyen presuntas irregularidades en protestas y el uso de joyas de lujo durante su gobierno.
El contexto político añade tensión al fallo, con rumores de vacancia y creciente malestar social. El TC debe equilibrar los derechos individuales con la estabilidad institucional.
Los magistrados tienen 15 días para presentar votos particulares antes de la deliberación final. La composición actual del TC muestra divisiones en casos sensibles.
El fallo podría redefinir los límites de la inmunidad presidencial en Perú. Los expertos piden cautela ante posibles reacciones políticas y sociales.
La ciudadanía espera una decisión técnica que fortalezca el estado de derecho. El TC enfrenta su prueba más compleja desde la restauración democrática.