Pablo Carranza
– Desde diferentes sectores se está pidiendo la renuncia del ministro de Salud, César Vásquez, por haber causado un desabastecimiento de suero en el país al mantener el cierre de la planta de Medifarma. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La decisión del ministerio es institucional, pero en mi opinión viola el principio constitucional de la razonabilidad. El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que las normas legales deben ser no solo legales, sino también razonables, al igual que las sanciones. En este caso, debido al problema que está siendo investigado por la Fiscalía, en lugar de limitar la investigación al suero, que ya se ha descartado en todos los otros lotes verificados por Digemid, el ministerio decidió retirar el registro sanitario del laboratorio, lo que afecta a más de mil productos y no solo a una línea de producción, sino a 54 líneas de producción, poniendo en riesgo no solo el abastecimiento del mercado por una decisión en mi opinión no razonable, sino también poniendo en peligro el empleo de 2,200 trabajadores de forma directa y casi 20,000 personas de forma indirecta. Por lo tanto, es necesario hacer un llamado a la razonabilidad y solicitar al Ministerio de Salud que levante esta decisión, ya que, en mi opinión, viola el principio de razonabilidad.
– Los centros de hemodiálisis ya están quedándose sin stock de suero. ¿Qué ocurriría si se produce una escasez total?
Si las personas que necesitan hemodiálisis no pueden recibir este procedimiento, sus vidas corren peligro. Son pacientes de alto riesgo. No se puede causar un desabastecimiento legal en el mercado por una decisión excesiva. Está bien ser cauteloso, se ha revisado prácticamente toda la producción de sueros y no se ha encontrado ningún problema. Además, se realizó una retirada de todo el suero que presentaba problemas, que está siendo investigado por la fiscalía, y se comprobó que está limpio. No hay ningún problema adicional. El suero con problemas se retiró del mercado, lo único que hay son las botellas de suero que están inmovilizadas por varias fiscalías y el Ministerio de Salud, además de las investigaciones en curso. Por lo tanto, la autoridad no puede tomar una decisión tan drástica, ya que es perjudicial. Hay líneas de producción como la de hemodiálisis y otros medicamentos básicos que se ven gravemente afectados, por eso es necesario pedir al Minsa y al Gobierno que actúen de manera más equitativa y razonable. La investigación penal está en curso y hay que permitir que la Fiscalía continúe con su trabajo. Una escasez artificial como la que está causando el Ministerio de Salud con una decisión no razonable es altamente perjudicial para la salud pública.
– ¿Podría considerarse como abuso de autoridad?
No me atrevería a calificar la conducta del ministro, pero no tengo dudas de que es inconstitucional, lo cual me parece más grave. Si se trata de una sanción inconstitucional, es una sanción inválida legalmente, ya que el Tribunal Constitucional ya ha establecido el principio de razonabilidad. Creo que el Ministerio de Salud debería levantar esa restricción que ha impuesto, ya que no puede cancelar unilateralmente y sin un debido proceso los registros sanitarios de la empresa, provocando una escasez artificial. Hago un llamado al Ministerio de Salud para que, siguiendo lo indicado por el Tribunal Constitucional, modere sus decisiones y sean razonables. La Fiscalía, que está investigando este caso, decidirá y calificará las acciones dolosas o no, pero en cualquier caso, creo que lo importante es garantizar el abastecimiento de medicamentos en condiciones sanitarias óptimas en Perú y evitar su escasez.
– ¿Qué ocurriría si alguien fallece a causa de esta escasez? ¿Se podría atribuir esa muerte al Ministerio de Salud?
Introducir un riesgo en la sociedad puede implicar responsabilidad penal. Por lo tanto, esta es una responsabilidad individual. Está Digemid, está la Dirección General de Salud. No se trata solo de un funcionario. Los funcionarios del Ministerio tienen una obligación legal, lo que se conoce como posición de garante. ¿Quién tiene la posición de garante en el abastecimiento de medicamentos? Los funcionarios del Ministerio de Salud. Por lo tanto, si tienen esa posición de garante, son responsables de sus decisiones y deben actuar en consecuencia. Por eso es necesario hacer un llamado a los funcionarios del Ministerio de Salud para que ajusten sus acciones a la ley, no solo porque lo digo como abogado, sino porque el Tribunal Constitucional ya ha establecido cómo deben ser las normas y las sanciones. No es razonable provocar una escasez artificial en el mercado.
– Tras el desabastecimiento artificial de suero, causado por la decisión del ministro César Vásquez, se ha producido una escasez y la compra apresurada de estos insumos a precios inflados. ¿Qué responsabilidad tiene el ministro en esto?
En nuestro sistema legal existen responsabilidades de diversos tipos. Hay responsabilidades civiles, cuando se causan daños a terceros, incluidas las empresas. Hay responsabilidades penales, por acción u omisión, en algunos casos de ciertos delitos. Los delitos contra la salud pública son por acción y deben ser dolosos. No existen por omisión, pero las lesiones graves o leves que una persona pueda sufrir pueden ser por omisión. También hay responsabilidades administrativas, ya que si una autoridad emite una disposición o sanción ilegal, estas se pueden llevar a cabo de acuerdo con la ley. Por último, está el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que es el encargado de velar por la libre competencia. También podría constituir una práctica anticompetitiva crear una escasez artificial en el mercado. Por lo tanto, toda la maquinaria jurídica de la responsabilidad política, incluso la de competencia, tiene la posibilidad de investigar estos hechos y tomar decisiones. En muchos de estos casos se imponen sanciones. El gobierno es responsable de haber creado una escasez artificial.