Las cárceles en el Perú enfrentan una situación de hacinamiento, sin capacidad para albergar a más personas. La falta de presupuesto ha impedido la habilitación de nuevos penales, llegando incluso al cierre del penal de San Jorge en Lima. Durante la pandemia, se utilizó el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para financiar parte de los gastos destinados a combatir el covid-19, lo que redujo significativamente sus recursos al cierre del 2021.
En cuanto al sistema de detención en el país, existen dos formas de arresto: por orden judicial o en flagrancia. Sin embargo, se ha observado que muchas personas detenidas en flagrancia, especialmente por delitos como manejo en estado de ebriedad, violencia familiar y lesiones, no terminan en prisión debido a que los delitos cometidos no superan los cuatro años de pena. Solo un pequeño porcentaje de detenidos por crímenes más graves, como extorsión, secuestro y sicariato, efectivamente acaban en la cárcel.
El exministro Carlos Basombrío ha señalado que tanto el Ejecutivo como el Congreso buscan desprestigiar a los órganos de justicia, lo que dificulta el correcto funcionamiento del sistema judicial. En este contexto, se ha aprobado una reducción en el número de votos necesarios para suspender a fiscales y vocales supremos, lo que ha generado preocupación sobre la independencia del poder judicial.
En resumen, la situación de las cárceles en el Perú, el funcionamiento del sistema de detención y la relación entre los poderes del Estado son temas que requieren una profunda reflexión y análisis para garantizar el respeto por los derechos humanos y el correcto funcionamiento de la justicia en el país.