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Vaya sorpresa la que se llevaron quienes pronosticaban que el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados resultaría en un fracaso monumental, pues al final dicha convocatoria terminó superando el más optimista de los pronósticos.
En el mecanismo de recepción habilitado por el poder ejecutivo, fueron 18 mil 447 personas las que se inscribieron, en el legislativo —que determinó fuera a través del Senado— se recibieron al menos a 11 mil 904 aspirantes, además de 14,979 que pidieron ser inscritos por correo electrónico y aunque en el poder judicial no se ha revelado cuantas personas se inscribieron, también quedó claro que si no tenían al menos 5 mil registros, la aportación de cualquiera de los 3 poderes no sería valida.
Sin embargo deja de ser relevante, pues hay al menos 30 mil personas que buscan participar en ese proceso, por lo que es razonable pensar que las postulaciones de 90 aspirantes a ministros, 20 más para la Sala Superior, 150 para las Salas Regionales, 50 más para el Tribunal de Disciplina, 2 mil 784 para la posición de magistrados y 2 mil 316 para jueces de distrito, están dentro de un proceso que se va a completar, al menos de parte de los poderes ejecutivo y legislativo.
Es importante anotar que se trata de un ejercicio inédito y que la reciente convocatoria que reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum, invitando a jóvenes de los pueblos y ciudades, alcanzó a despertar ese entusiasmo.
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Ahora también llamó la atención que a pesar de la férrea oposición que pusieron respecto al proceso, un sin número de los actuales integrantes del poder judicial decidieron inscribirse en el proceso a fin de estar en posición de competir por el cargo, mientras que otros jueces con muy mala fama, decidieron mejor no exponerse al escarnio popular.
Sigue el trabajo de los comités de evaluación, que tendrán que entregar fallos para el 14 de diciembre próximo y posteriormente sigue el esfuerzo de organización del proceso, toda vez que ya se le dijo a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que su petición de posponer 90 días la elección es improcedente.
Lo mismo con el monto solicitado para organizar el proceso que pasaría de 13 mil a 9 mil millones de pesos, lo que ya hace pensar al INE en nueva estructuras para captar los votos ciudadanos, como los centros de votación, en lugar de las tradicionales casillas electorales.
Lo interesante aquí es que la discusión acabó y que todo México ya se prepara para un ejercicio democrático inédito para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Ahora como apunte al margen, será importante ver cómo han venido trabajando los congresos en los estados, pues la reforma constitucional es vinculante y es necesario que las entidades federativas y la Ciudad de México homologuen sus constituciones a lo que señala la carta magna, y aunque tienen la opción de diferir todo el proceso hasta el año 2027, para hacerlo concurrente con las elecciones federales, también es verdad que el mismo tipo de avance registrado en lo federal, se necesita en los estados.
Para nadie es un secreto que el 80% de los delitos y asuntos son de competencia de los tribunales locales, y que la materia penal es en su vasta mayoría del fuero común.
También resulta importante entender que una vez superada esta discusión es necesario entrar de lleno a la reforma de la otra parte del sistema de administración de justicia, que son las fiscalías federales y estatales y la manera en que se selecciona a los ministerios públicos, ya que esa es la otra mitad del problema.
En México es común que culpemos a los jueces por la mala administración de justicia y por las malas decisiones o por complicidades y amiguismos a la hora de determinar los fallos, sin embargo es mucho muy común que los casos que esos jueces evalúan, están viciados de origen y que por errores de procedimiento en la integración de expedientes y carpetas de investigación, se termine por liberar a los presuntos delincuentes.
Creo que se están dando pasos en el sentido correcto, con la reforma del poder judicial, pero también opino que es fundamental sacudir a todo el sistema y no solo la parte juzgadora, que es la que tiene más mala fama.
Se sabe y entiende que los fiscales y agentes del ministerio público son propuestos por los gobernantes y ratificados por los poderes legislativos, sea el federal o los estatales y aunque hoy se argumenta que son entidades autónomas, creo que todos sabemos que la pretendida autonomía de las fiscalías es una autentica falacia.
Someter estas decisiones también al juicio de los electores, nos permitirá crecer y consolidar nuestra democracia.
Correspondencia a [email protected] | X: @Demiandu
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