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En un país donde las desigualdades se han perpetuado por décadas, la deuda derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) es quizá uno de los ejemplos más crudos de las cargas que las políticas neoliberales legaron a los mexicanos. La reciente propuesta de los legisladores del PT para cancelar el pago de esta deuda histórica ha vuelto a colocar en la agenda nacional uno de los temas más sensibles de la economía del país.
El FOBAPROA nació como un mecanismo de rescate bancario en la década de los 90, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo. La crisis económica de aquellos años obligó al Estado a intervenir para salvar a las instituciones bancarias privadas, pero esa intervención fue a costa de los recursos públicos. La deuda de más de 552 mil millones de pesos que representaba en ese entonces no desapareció, sino que se transformó en deuda pública, trasladando el costo al bolsillo de los mexicanos.
Lo irónico es que mientras millones de familias luchaban por mantener sus hogares tras la crisis, los bancos se vieron fortalecidos, incluso lograron consolidarse en manos de corporaciones extranjeras. La injusticia radica en que, mientras los ciudadanos pagaban con recortes sociales y altos impuestos, las instituciones financieras rescatadas obtuvieron grandes beneficios y utilidades en los años posteriores.
La propuesta del PT, aunque polémica, tiene una base sólida en el malestar popular. Argumentan que continuar pagando esta deuda es perpetuar una injusticia histórica que ha mermado la capacidad del Estado para atender necesidades prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura. Solo en 2023, el presupuesto destinado al servicio de esta deuda ascendió a 40 mil millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a atender problemas estructurales del país.
Además, es imposible ignorar las consecuencias políticas y sociales del FOBAPROA. Este esquema fue el catalizador de un desencanto hacia el modelo neoliberal y un factor que alimentó la narrativa del cambio que trajo consigo la Cuarta Transformación. Cancelar el pago de esta deuda no solo sería un acto de justicia económica, sino también un paso simbólico hacia la recuperación de la soberanía financiera del país.
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Los críticos de esta iniciativa argumentan que una medida de tal magnitud podría dañar la confianza de los inversionistas y afectar la estabilidad de los mercados financieros. Sin embargo, es importante cuestionar a quiénes realmente beneficia esta supuesta “estabilidad”. ¿Debe un país entero continuar sacrificando su desarrollo por el bien de unas élites financieras que ya se han enriquecido a costa del erario?
La defensa de la propuesta del PT no es una cuestión de populismo, como algunos han señalado, sino de prioridades. Durante décadas, el pueblo mexicano ha sido testigo de cómo los grandes grupos de poder económico se han beneficiado mientras la mayoría sigue cargando con las consecuencias de decisiones que nunca se consultaron ni se explicaron plenamente.
Eliminar el FOBAPROA no resolverá todos los problemas del país, pero sería un mensaje contundente de que México está dispuesto a dejar atrás los errores del pasado. No se trata de desestabilizar al sistema financiero, sino de reconstruirlo sobre bases más equitativas, donde el interés público esté por encima del privado.
Esta iniciativa también obliga a reflexionar sobre el papel de los legisladores y el gobierno en la defensa de los intereses nacionales. ¿Estamos realmente listos para dar el paso hacia un modelo económico que no dependa de concesiones a las élites? El camino no será sencillo, pero la discusión que ha abierto el PT es necesaria y urgente.
La deuda del FOBAPROA no es solo económica; es también una deuda moral con millones de mexicanos que han cargado con un peso que nunca les correspondió. Ahora, el Senado de la República tiene la oportunidad de redimir esta deuda histórica y demostrar que el bienestar de la mayoría es, finalmente, la prioridad.
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