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Las amenazas de Donald Trump se han materializado y el famoso segundo piso de la 4T está en peligro, ya que resulta complicado consolidar instituciones frente a la necesidad urgente de contener los daños económicos que provocan los decretos del presidente estadounidense que no está dispuesto a respetar el tratado que él mismo firmó.
Donald Trump ha vuelto a sacudir la realidad mexicana con su sello distintivo: medidas abruptas, justificaciones dudosas y un aire de superioridad que parece olvidar que las relaciones económicas son algo más complejo que un reality show de decisiones improvisadas. En su segunda semana de su segundo mandato, el magnate republicano ha declarado una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y del 10% a los productos chinos. La razón oficial: frenar el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.
La medida tiene todo menos sentido.
Primero, porque la IEEPA nunca se ha utilizado para imponer aranceles. Hasta ahora, se reservaba para sanciones económicas en contextos de guerra o crisis internacionales, como las sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Trump, en cambio, la usa como una navaja suiza de la política exterior para castigar económicamente a sus socios comerciales y, de paso, alimentar su discurso antimigrante.
Segundo, porque imponer aranceles no afecta directamente el tráfico de drogas. En todo caso, encarece productos esenciales, afecta el comercio legal y golpea la economía de los propios estadounidenses, que pagarán más por bienes importados. En la lógica de Trump, los aranceles a México y Canadá detendrán el flujo de fentanilo, como si los carteles usaran exportaciones formales para traficar drogas en lugar de operar mediante redes clandestinas, corrupción y rutas ilegales.
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El gobierno mexicano enfrenta un dilema: responder con una medida equivalente que escale la disputa comercial o buscar una negociación que evite una crisis económica. La realidad es que la administración de Claudia Sheinbaum se encuentra atrapada entre la necesidad de defender el comercio con EE.UU. y su resistencia a confrontar a Trump en público. El Plan B o Plan C podrían ni siquiera adaptarse a una medida que contempla una guerra comercial.
Las medidas de Trump contemplan qué en caso de una respuesta igualmente agresiva por parte de México , se impondrán mayores aranceles.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado en 2020 como una evolución del TLCAN, se supone que garantiza estabilidad comercial entre los tres países. Pero si un presidente estadounidense puede saltarse las reglas con una simple declaración de emergencia, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un acuerdo comercial si una firma presidencial lo invalida en minutos? México podría impugnar la medida en tribunales internacionales, pero el daño económico ocurrirá mucho antes de que haya una resolución legal.
Mientras tanto, la Secretaría de Economía debería estar preparando una respuesta al menos contundente, incluyendo represalias comerciales dirigidas a productos estratégicos para EE.UU., como los insumos agrícolas o ciertos componentes industriales. También es momento de que México evalúe su dependencia comercial con EE.UU. y fortalezca acuerdos con Europa, Asia y América Latina.
El otro problema que nadie quiere nombrar en voz alta es el motivo detrás de estos aranceles. Trump dice que los impone para frenar el tráfico de fentanilo. Pero si esa es la verdadera preocupación, ¿por qué no usar los mecanismos judiciales disponibles para procesar a quienes lo trafican?
La respuesta es incómoda: porque señalar con el dedo es más fácil que actuar. Trump no quiere admitir que el problema del fentanilo no solo pasa por México, sino por la propia adicción en EE.UU., el tráfico de precursores desde China y la corrupción dentro de su propio país. Y el gobierno mexicano, por su parte, evita confrontar directamente a los cárteles porque hacerlo implicaría reconocer hasta qué punto están infiltrados en las estructuras de poder.
Si el gobierno de EE.UU. tuviera pruebas sólidas contra altos funcionarios mexicanos por colusión con el crimen organizado, debería presentar acusaciones formales en tribunales internacionales. En cambio, opta por medidas económicas que afectan a millones de personas sin tocar directamente a quienes están involucrados en el tráfico de drogas.
Mientras Washington juega con aranceles y México finge que la crisis no le afecta, el fentanilo sigue entrando a EE.UU. y los verdaderos beneficiados son los cárteles. Trump usa la economía como un garrote político, pero el gobierno mexicano no puede seguir evadiendo su responsabilidad: si no toma medidas efectivas contra el crimen organizado, seguirá siendo el chivo expiatorio perfecto para cualquier presidente estadounidense que busque excusas fáciles para problemas complejos.
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