Es imposible que aquellos que toman decisiones en el gobierno se den cuenta del freno a los excesos del presidente Donald Trump. La mayor contención no viene de la opinión pública, la oposición, los estados o los legisladores; son los jueces los que están frenando la andanada trumpiana, lo hacen con contundencia, claridad y de manera inobjetable. La réplica del oficialismo es intimidar a los jueces, lo cual no ha ocurrido hasta ahora y seguramente así seguirá por el peso de una élite y una opinión pública que valoran lo que significa un poder acotado por la legalidad.
Las similitudes entre López Obrador y Trump no dejan de asombrar. Ambos combaten frontalmente a la libertad de expresión, a los periodistas y a las empresas de comunicación. Asimismo, es reveladora su propensión al militarismo y su retórica intolerante, excesiva y mentirosa. En esta segunda presidencia del norteamericano se ha acentuado el enfrentamiento con los medios, también y desde un principio, con los jueces a partir del freno a sus órdenes ejecutivas.
El desprecio a la legalidad es el común denominador del populismo. Es una pena que la presidenta Sheinbaum haya dejado pasar la oportunidad de ponderar las implicaciones de acabar con el Poder Judicial Federal y haya hecho propia la visión autocrática de López Obrador, un curso de acción irreversible. Ha señalado que va a seguir con el diseño de régimen del obradorismo, con el consecuente desprecio a la legalidad y a una judicatura independiente, lo que significa el colapso del edificio democrático fundado en la división de poderes, la constitucionalidad de los actos de autoridad y las leyes del Congreso y la facultad de un supremo tribunal para acreditar la supremacía de la Constitución.
La derrota de la legalidad es una realidad en México, no así en Estados Unidos, y es difícil que Trump pueda imponerse. Como señalan los juristas norteamericanos Bob Bauer y Jack Goldsmith en colaboración reciente en el blog substract https://shorturl.at/fcFIO, no es una controversia normal entre poderes sino los efectos de un radicalismo constitucional, justo la visión que suscribió López Obrador, esto es, invocar el mandato del Ejecutivo como un poder por encima de toda consideración política, ética o jurídica.
En el mismo sentido se ha pronunciado este sábado el vicepresidente Vance, quien afirma que los jueces no deben controlar el poder legítimo del Ejecutivo. Se suma Elon Musk quien exige la cabeza de un juez que resolvió en contra del oligarca en su ilegal intervención en el gobierno. La controversia deviene de las órdenes ejecutivas, muchas de ellas de una evidente e inobjetable inconstitucionalidad, como despojar de nacionalidad a hijos de extranjeros que nacen en territorio nacional.
Bauer y Goldsmith destacan el procedimiento reglamentario para acreditar la legalidad de las órdenes ejecutivas, que deben procesarse a través de la intervención del Fiscal General y de la oficina del Asesor Jurídico del presidente, previa fundamentación administrativa, política y jurídica. Señalan que su intervención es para asegurar que las decisiones ejecutivas tengan sustento legal y así evitar una eventual controversia judicial.
De pronóstico reservado qué acontecerá en Estados Unidos. De cualquier manera, hasta ahora el presidente y su gobierno se han sometido a las determinaciones judiciales e impugnarán en tribunales, algo que no ocurrió en los gobiernos de López Obrador y de la presidenta Sheinbaum. El problema en nuestro país es que la politización de la justicia, la pérdida de independencia de los jueces y su sometimiento al régimen político es la consecuencia inevitable de la reforma judicial. Al menos en Estados Unidos hay una disputa por delante, en México una triple derrota: la de la legalidad, la pérdida de la autonomía e independencia del Poder Judicial y la alteración de la Constitución en sus fundamentos para impedir su función en la legalidad y constitucionalidad de actos de autoridad y de las leyes del Congreso.
Desde el poder se afirma que después de la elección de jueces México será el país más democrático de la tierra. Ni a Trump se le ha ocurrido, hasta el momento, “democratizar” a jueces federales. Es cierto que hay un descontento justificado por el estado de la justicia, pero la reforma no aborda las causas de las insuficiencias; las agrava al desaparecer las bases para una justicia confiable. Por el momento no hay un sentimiento popular de pérdida. El tiempo consignará tanto la magnitud del error como las consecuencias por la ausencia de un poder garante de la legalidad y la constitucionalidad.