Las autoridades acudieron al penal de Lurigancho, ubicado distrito de San Juan de Lurigancho, tras la escandalosa fuga, la noche del lunes, del delincuente venezolano John Kennedy Javier Sebastián (22), condenado en 2023 a 10 años de cárcel por el delito contra el patrimonio.
“¡Aleluya, Cristo vive!”, fue el grito del interno tras saltar la valla de seguridad y alcanzar la vía pública, según los videos registrados por los vecinos del lugar. En tanto, desde el interior de la cárcel, personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) intentaba repeler su fuga haciendo sonar los silbatos.
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Conocido el caso, Juan Alcántara, viceministro de Justicia, declaró que el interno fugado amenazó “con un arma blanca de gran tamaño” al personal del INPE y que no resultó efectiva la reacción de un agente policial ubicado en un torreón cercano.
“(Nos han dicho que) Vieron a una persona que, intempestivamente, apareció, premunido con arma blanca, con tamaño regular, que temieron por su integridad física. ¿Si el personal tenía arma de fuego? No tenían arma de fuego, solo en el torreón había una persona que tenía una escopeta, cuya efectividad es limitada, no es mortal. Se han efectuado disparos, pero, aparentemente, no han tenido efectos”, explicó Alcántara.
A razón del escape de John Kennedy, recluso del pabellón 10 de Lurigancho, cuatro agentes del INPE del penal de Lurigancho han sido separados de sus funciones y están siendo investigados para determinar si tuvieron algún grado de participación o responsabilidad en la fuga. Además, Víctor Santos Huapaya fue relevado como director del citado centro penitenciario.
A su vez, los vecinos de la zona encontraron un papel que cayó de los bolsillos del delincuente extranjero en el que se lee números telefónicos con código de Venezuela, además de nombres, como mamá, papa, my tata, defensa pública y abogado, entre otros.
Un dato importante es que al revés de la hoja de papel cuadriculado, se leía “Richard Suero Ramos psicólogo del pabellón 10”.
60 AGENTES POR TURNO RESGUARDAN A 10 MIL PRESOS EN LURIGANCHO
Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, señaló, en diálogo con Perú21, que lo ocurrido evidencia un grave problema de fondo: el hacinamiento de los penales que propicia la falta de control y eleva el riesgo de fugas masivas o motínes con consecuencias fatales.
“El penal de Lurigancho tiene capacidad para 3 mil 500 internos, pero, actualmente, alberga a 10 mil presos, y 50 o 60 agentes por turno están asignados al control de la seguridad. En ese penal, los presos no se escapan porque no quieren. Un penal hacinado es el punto de partida de todo esto. ¿Cómo controlas un establecimiento de 10 mil personas con 60 agentes? En ese lugar no hay encierro en celdas, lo máximo que puedes hacer es cerrar pabellones”, detalló Caparrrós.
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Más allá de la corrupción en la que pueden caer trabajadores del INPE, el problema es la falta de inversión, asignación de recursos, por parte del Estado para la adecuada administraciónde los penales, enfatizó Caparrós.
“Tenemos 10 años de retraso en inversión en el tema penitenciario. Se invierte muy poco en seguridad electrónica. El año pasado hubo anuncios por parte de la presidenta (Dina Boluarte), con la intención de sorprender, diciendo que se iba a entregar 3 mil millones de soles en nuevos establecimientos penitenciarios, pero hasta ahora no se ha iniciado la licitación para ninguna de estas obras”, manifestó Caparrós.
¿QUÉ HACER FRENTE AL HACINAMIENTO?
Lo más rapido que el Estado puede hacer para reducir el porblema del hacinamiento son dos cosas: construir penales mediante acuerdos de gobierno a gobierno, como se hizo para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
Asimismo, se mostró a favor de que el Ejecutivo trabaje en un dispositivo legal para que empresas de seguridad privada se encarguen del control en las puertas —accesos y salidas— de los penales, tal como ocurre en Estados Unidos, antes que, subrayó Caparrós, entregarle la administración total de las cárceles a los privados.
“Se pueden privatizar las puertas, el perímetro de ingreso y salida, para darle la contraparte al Estado. La misma gente de seguridad de adentro no es la misma de afuera. Eso hace que el personal del INPE sea revisado por un cuerpo de seguridad externo, con el uso intenso de la tecnología. Eso es viable y tomará poco tiempo implementarlo”, concluyó.
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