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La presidenta Dina Boluarte ha promulgado la norma que modifica la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de fiscalizar los fondos de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
De acuerdo con la información de la APCI, la cooperación técnica internacional supera los 400 millones de dólares anuales a favor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, y el 90% de estas entidades no informan sobre el destino del dinero que reciben del exterior.
En su discurso en Palacio de Gobierno, la mandataria aseguró que su Gobierno ha dado un “paso firme y decidido” en favor de la transparencia, la buena gestión pública y el fortalecimiento de la democracia.
Señaló que, a partir de ahora, las entidades que reciben recursos de cooperación internacional, incluidas las ONG, deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo llevado a cabo por la APCI.
“En una democracia moderna, nadie debería temer a la transparencia. Nadie debería sentirse atacado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general y asegurar que cada sol, dólar o euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y propuestas que hicieron posible el apoyo de los organismos interesados en mejorar la vida de nuestra gente”, expresó.
“Es también justo que esas instituciones que contribuyen a las organizaciones no gubernamentales reciban información oficial sobre cómo se han logrado los objetivos que motivaron su ayuda”, añadió.
Boluarte también afirmó que la ley someterá a una “revisión exhaustiva” a una minoría de ONG a las que acusó de actuar “en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.
Indicó que dichas organizaciones “no están comprometidas con el bienestar de la nación, sino que buscan desestabilizar y promover la división utilizando los recursos de la cooperación internacional para avanzar su propia agenda ideológica”.
“Sigamos trabajando juntos sin permitir que utilicen la democracia para obtener beneficios en nombre de la libertad, utilizando el libertinaje para introducir agendas internacionales que buscan socavar nuestra unidad nacional, sembrando el odio entre los peruanos”, manifestó.
“Levantemos la voz por un Perú libre de manipulaciones, donde nuestra fortaleza como nación no se vea amenazada por intereses ajenos, ideologizados o contrarios al bien común, porque el Perú no se arrodilla, el Perú se levanta unido, fuerte y orgulloso de su historia, de su cultura y de su gente”, sentenció.
Cabe señalar que la norma faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para evaluar la creación de una unidad especializada que permita supervisar efectivamente, y que todo contrato o acto jurídico que el Estado celebre con las organizaciones gestoras de cooperación técnica internacional deberá contar con la conformidad previa de la APCI.
Horas más tarde, las ONG politizadas, entre ellas la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se manifestaron en contra de la ley a través de un mensaje en redes sociales, acusando al Gobierno de utilizar la ley como un mecanismo para “silenciar a toda voz crítica”. “Esta ley no busca una transparencia ni una fiscalización real (…) lo que pretende es controlar políticamente a quienes alzan la voz, cuestionan el poder y luchan por la justicia”, señaló la CNDDHH, haciendo un llamado urgente a la derogación de la ley. Esta ONG se ha caracterizado por defender los derechos humanos de los procesados por terrorismo y por ser parte de una persecución política contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El artículo Se les acabó la mamadera a los ONG caviares se publicó primero en La Razón.
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