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La agencia calificadora Moody’s Ratings modificó hace unos días la perspectiva de la calificación de México a “negativa” desde “estable”, pero ratificó la nota en “Baa2″. Según la empresa la acción se debió a la percepción de debilitamiento de la formulación de políticas y un entorno institucional que corre el riesgo de socavar los resultados fiscales y económicos.
El haber degradado la perspectiva del país azteca parece más una medida de castigo a las políticas económicas del segundo piso de la Cuarta Transformación, que no son del agrado de los grandes corporativos internacionales, que a un análisis técnico de la situación actual de la economía mexicana.
Lo que alega Moody´s para rebajar la perspectiva de la nota de México es que: “A su vez, más allá del debilitamiento en 2024-2025 en las métricas de deuda del soberano, la fortaleza fiscal podría disminuir más de lo que actualmente anticipamos y pesar sobre el perfil crediticio de México”, alertó. Su escenario es que el gobierno solo reducirá gradualmente el déficit en los próximos años.
México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda. Durante 2024, todas han ratificado la calificación, y siete de ellas conservan una perspectiva estable, lo cual subraya la confianza generalizada en la estabilidad económica y financiera del país.
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Para la agencia calificadora Moody´s el “debilitamiento” de las instituciones mexicanas, además de la reforma al poder judicial podrían ser factor para que no lleguen al país futuras inversiones.
La empresa calificadora de origen estadounidense también considera como un riesgo adicional la revisión del T-MEC en 2026, en particular si las modificaciones a las reglas de origen, las especificaciones laborales y otras políticas comerciales de Estados Unidos hacia México cambiaran de manera que limitasen de forma duradera las exportaciones del país.
Sería bueno recordar que las agencias calificadoras de riesgo son agencias privadas que analizan los activos de empresas y Estados-nación, además de realizar estudios que indican el riesgo crediticio de una entidad o emisión de títulos con el fin de facilitar a los inversionistas la toma de decisiones a la hora de colocar sus recursos. Estas empresas son contratadas para calcular el riesgo de inversión en un producto financiero cualquiera (acciones en empresas, compra y venta de bonos).
Los orígenes de las agencias de calificación se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produjo en Estados Unidos una enorme expansión y desarrollo económico, sobre todo de las compañías de ferrocarriles, que captaban los recursos necesarios mediante la emisión de bonos. Como los inversores necesitaban conocer la situación financiera de tales empresas, recurrían a entidades especializadas, y lo que en sus inicios sólo fueron informes financieros acabaron convirtiéndose en estudios sobre la valoración y calificación crediticia. Dos de las agencias surgidas en aquella época fueron Standard & Poor’s Corporation (fundada en 1860) y Moody’s Investors Service Inc. (creada en 1900), actualmente, las mayores agencias de rating a nivel mundial.
A nivel internacional Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch son las principales calificadoras, con sedes en Nueva York. Conforman el oligopolio en este ramo desde la década de los setentas.
Las empresas calificadoras de riesgo establecen parámetros y fórmulas que le permiten saber a un país o una empresa sus capacidades de pagar o no pagar. Es decir, su estabilidad económica y financiera de acuerdo al valor de sus activos, reservas, gastos, inversiones, etc. Estas fórmulas parámetros son de fácil manipulación, para chantajear y sacar ventaja.
Hay varios ejemplos de la manipulación de los datos que tienen las agencias calificadoras, entre las que destacan: la crisis hipotecaria del 2008 en los Estados Unidos, cuando las acciones inmobiliarias de Lehman Brothers tenían calificación AAA. Durante la corrida bancaria se demostró que dichas acciones eran activos basura, no valían nada en la economía real.
La crisis hipotecaria de los Estados Unidos hizo que los precios de los activos inmobiliarios se desplomaran, lo que provocó que muchas familias perdieran su casa ante la imposibilidad de poder pagar el crédito, además los fondos de pensiones que invirtieron en los bonos hipotecarios, vieran mermados sus recursos, dejando a muchos trabajadores sin jubilación y la quiebra de bancos como Lehman Brothers.
Este evento fue la peor calamidad financiera desde 1930. Durante los 19 meses que duró se perdieron 8,7 millones de empleos, más de la mitad de los adultos vio perder su trabajo, recortado su sueldo o forzado a trabajar reduciendo su horario laboral. El consumo y el producto interno bruto se contrajo por la escasez de crédito y el incremento del costo de los préstamos. S&P perdió la mitad de su valor.
Desde hace muchos años las principales calificadoras a nivel internacional han sido cuestionadas por errores garrafales, como cuando el colapso financiero del gigante petrolero “Enron”, en 2001 el cual, días antes de su quiebra, Moody´s, Standard and Poor’s, (S&P) y Fitch se le calificaba con triple “A”, el grado más alto de inversión.
Remontarse al 2 de diciembre de 2001, es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la empresa energética Enron se declaraba en quiebra. El primer distribuidor energético a nivel global que facturaba 100 mil millones de dólares anuales.
La quiebra de la empresa de energía dejó a miles de personas desempleadas, fondos de pensiones con pérdidas y funcionarios en la cárcel.
Enron fue la encargada de suministrar electricidad al estado de California a principios de este siglo, pero la experiencia fue nefasta para los consumidores de esa parte de los Estados Unidos.
La empresa de energía manipuló dolosamente la crisis energética de California de finales del año 2000, cuando los precios de la electricidad se dispararon mientras se producían cortes y restricciones en el suministro, según documentos internos de la compañía hechos públicos por investigadores federales. La compañía tejana creaba excesos de demanda o congestiones artificiales cuya solución le reportaba beneficios millonarios; todo esto no lo vio nadie ni las calificadoras, ni las agencias reguladoras.
La mala lectura de las agencias calificadoras internacionales de la economía mexicana quedó evidenciada en el 2009 cuando el país tenía en ese año una nota de “BBB+” de Standard & Poor’s y Fitch Ratings y de “Baa1″ de Moody’s Investors Service. Las notas de las agencias estaban tres escalones arriba del grado de inversión mínimo.
Habría que recordar que el Producto Interno Bruto (PIB) de México decreció en el año 2009 en 5.9% en comparación del año anterior y existían muchas evidencias de que esto pasaría dado el deterioro de las finanzas públicas y la reducida capacidad fiscal del gobierno para enfrentar la baja en ingresos, un considerable crecimiento de la deuda externa, además de la crisis financiera y económica global, y la reducción en la producción de petróleo y de gasolinas, aunado además a las nulas medidas anticíclicas del gobierno de Felipe Calderón, lo que evidenció las debilidades económicas del país.
Al parecer las agencias calificadoras a nivel mundial hacen sus notas a partir de las políticas económicas del país, si se siguen las recetas neoliberales es posible que haya una mejor nota para de la nación que las aplica, pero si cambian estas estas recomendaciones, la nación se expone a que haya una disminución de la calificación crediticia.
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha venido bajando escalones, en su nota pues se pasó de una calificación A3 a una de Baa2, lo que significa que se ha degradada en tres ocasiones en los seis años de gobierno.
La degradación en la nota del país implica un mayor riesgo de la deuda emitida por el gobierno en divisa extranjera, mejor conocida como deuda soberana,
El recorte de la calificación de México por parte de Moody´s pone en riesgo en el largo plazo el grado de inversión y puede propiciar mayores salidas de capitales.
X: @esquivelancona_
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