Un informe crítico de 107 páginas de la Contraloría General de la República surgió de una investigación especial realizada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre las acciones de fiscalización a las distribuidoras eléctricas durante 2024 en relación con los cortes de suministro en la Región Metropolitana. También se examinó el tratamiento que estas compañías dieron a las personas electrodependientes en dicho contexto.
La Contraloría encontró múltiples hechos que evidencian el escaso control de la entidad fiscalizadora sobre las empresas de distribución eléctrica.
El informe detalla que durante 2024 “la SEC no fiscalizó la implementación de soluciones técnicas, temporales o permanentes, adoptadas por las empresas distribuidoras de electricidad” para mitigar los posibles efectos que las interrupciones del servicio pudieran tener en los hogares de la capital y, especialmente, en los equipos utilizados por personas electrodependientes. Por este motivo, se anunció que se iniciará un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas.
Además, la Superintendencia deberá elaborar -en un plazo de 30 días hábiles- un protocolo de fiscalización para verificar en terreno las medidas de mitigación adoptadas por las empresas de distribución eléctrica para los pacientes electrodependientes.
La Contraloría también constató “deficiencias en las fiscalizaciones realizadas por la SEC durante el evento climático de agosto de 2024 que provocó cortes masivos y prolongados en el suministro, en relación a las gestiones de las empresas de distribución para asistir a las personas electrodependientes”. Específicamente, la entidad solo revisó 25 pacientes de esta categoría, de un total de 3,865 registrados en la Región Metropolitana. Además, se verificó que se actuó en otros 77 casos a solicitud de los municipios, donde la SEC remitió la información a Enel Distribución, pero no verificó las acciones realizadas por la compañía.
La Contraloría también señaló que la SEC no estableció controles para verificar el cumplimiento de los requisitos de los pacientes electrodependientes que son clientes de la Empresa Eléctrica de Puente Alto, CGE y la Empresa Eléctrica de Colina y Til Til.
“Aunque, posteriormente al mencionado evento climático, la SEC llevó a cabo acciones para verificar la asistencia a las personas electrodependientes por parte de las empresas de distribución eléctrica, esto no se realizó de manera oportuna, ya que se llevó a cabo dos meses después de que ocurriera el prolongado corte de energía eléctrica”, se advierte. Todo esto deberá incorporarse al procedimiento sumarial.
Planes y poda de árboles
Otro tema abordado fue tanto los planes de mantenimiento como los planes de invierno. La Contraloría determinó que la SEC no realizó fiscalizaciones directas o indirectas sobre la ejecución de dichos planes presentados por Enel Distribución durante el año 2024, por lo que no verificó si se llevaron a cabo las actividades comprometidas.
En este sentido, se encontró que los antecedentes probatorios de la ejecución de los planes presentados por Enel Distribución en la plataforma “Planes de Acción 2.0” presentan deficiencias, como datos no relacionados con la actividad realizada o asociados a otra acción, e incluso a otro plan, además de inconsistencias en los registros. Lo mismo sucedió con los Planes de Contingencia presentados por la empresa. Por lo tanto, se determinó que la SEC no realizó fiscalizaciones al respecto.
La poda de árboles también fue objeto de estudio. En este sentido, se indica que, aunque los municipios de Colina, Lampa y Macul enviaron a la Contraloría actividades de poda para la comuna, estos no cuentan con información suficiente que respalde la ejecución real de los trabajos correspondientes a 2024, lo que impide verificar la condición de los árboles.
“Los municipios mencionados deberán establecer un mecanismo de control para que, en el futuro, los trabajos de poda que se realicen estén debidamente respaldados”, se agrega.
Asimismo, se destaca que el 22 de septiembre de 2023 y durante el año 2024, Enel envió cartas a algunos municipios de la Región Metropolitana de Santiago sugiriendo realizar un diagnóstico sobre la condición de varios árboles de las respectivas comunas catalogados como bien nacional de uso público, que presentaban riesgo de caer sobre el tendido eléctrico. Sin embargo, solo el municipio de Maipú llevó a cabo el diagnóstico propuesto.
“La falta de diagnóstico mencionada por parte de los municipios de Colina, Lampa, Lo Barnechea y Macul dificulta la identificación oportuna de los árboles que necesitan ser intervenidos, previniendo posibles interrupciones en el suministro o comprometiendo la seguridad de las personas, viviendas u otros, lo cual no se ajusta a los principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la mencionada ley N° 18.575”, se advierte.
Ante esto, la Contraloría precisa que dichos municipios deberán elaborar un diagnóstico sobre el estado de los árboles de su comuna, que considere los antecedentes proporcionados por Enel y la inspección sobre la situación realizada por el propio municipio, entre otros que sean necesarios.
La defensa de la SEC
En un comunicado, desde la SEC reiteraron “el profundo compromiso con las personas electrodependientes, quienes representan una prioridad permanente en la labor fiscalizadora de la institución”. Desde la entrada en vigencia del reglamento que regula su atención, comentaron, la entidad ha instruido a las empresas distribuidoras la implementación de soluciones técnicas y operativas que garanticen el suministro continuo de energía para los pacientes electrodependientes.
Además de acoger las recomendaciones de la Contraloría, la SEC informó que, a partir del proceso de Planificación Estratégica del 2023, ha estado desarrollando una serie de medidas para mejorar sus procesos de fiscalización, incluyendo el desarrollo de nuevos protocolos de inspección en terreno, la actualización del Plan Nacional de Fiscalización y la elaboración de instructivos metodológicos que permitirán una mayor trazabilidad, cobertura y oportunidad en la supervisión de los planes presentados por las empresas eléctricas.
“Desde la SEC reafirmaron su compromiso con la ciudadanía y con el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley les otorga, agregando que siguen disponibles para seguir colaborando con todos los organismos del Estado y con la sociedad civil, con el objetivo de construir un sistema energético más sólido, seguro y centrado en las personas”, señalaron.