Durante la junta de accionistas, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García, anunció que la firma conformó un equipo, liderado por el abogado Jorge Bofill, para analizar cursos de acción legales necesarios para salvaguardar el interés de la empresa frente al proyecto de ley de fraccionamiento que avanza en el Congreso.
Esto, dado que a su juicio el proyecto -que es el corazón de la Ley de Pesca- “afectaría gravemente al patrimonio y los derechos adquiridos de nuestra compañía y de toda la industria chilena al alterar el régimen de licencias vigentes sin siquiera establecer una legítima compensación”.
En ese sentido, el ejecutivo de la pesquera informó a sus accionistas que “para cumplir nuestro deber fiduciario al que estamos ineludiblemente obligados, la administración de la compañía ha decidido actuar con diligencia y responsabilidad, conformando un equipo interdisciplinario encabezado por el prestigioso abogado Jorge Bofill, del estudio Bofill Escobar, Silva; que analizará todos los escenarios derivados de esta reforma legal y que, de aprobarse en los términos conocidos, definirá las acciones legales necesarias para salvaguardar el interés social frente al actuar de órganos del Estado, los que consideramos que han actuado al margen de la Constitución”.
En palabras de Gracía, de aprobarse esta ley en trámite en los términos actualmente conocidos en Comisión Mixta, – “no solo debilitaría la posición competitiva de Camanchaca, sino que pone en riesgo los empleos nuestros y de los proveedores, además del desarrollo de las comunidades costeras donde operamos”
“Es un retroceso jurídico constitucional, es un retroceso técnico, un retroceso económico y es un retroceso social que amenaza lo construido con muchas décadas de esfuerzo”, agregó.
Además, el gerente general de Camnchaca enfatizó en que esta ley impondría cargas económicas “desproporcionadas e injustas”, atentando contra principios constitucionales como el derecho de propiedad y la confianza legítima en la estabilidad del marco regulatorio, entre otras.
“La iniciativa pone en riesgo la estabilidad laboral de nuestros trabajadores. El sustento de nuestros proveedores y la continuidad de nuestras inversiones. Todo ello buscando otorgar un beneficio a terceros que no necesariamente representan al tipo de pescador artesanal que la ciudadanía esperaría proteger o que ustedes se pueden imaginar, señores accionistas, sino dueños de embarcaciones mayores que tienen alto valor económico”, zanjó.