El Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 6573/2023-CR, 7072/2023-CR, 8746/2024-CR y 10525/2024-CR, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incluir como agravante en la comisión de delitos el uso de la inteligencia artificial.
Dicha iniciativa fue aprobada con 99 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. La iniciativa fue exonerada de una segunda votación con 88 votos a favor.
Sanciona penalmente a los que utilicen tecnologías basadas en la inteligencia artificial, incluida las falsificaciones profundas (deepfakes) o cualquier contenido multimedia con fines relacionados a la pornografía infantil, difamación, entre otros delitos.
El jesuita argentino defendió la libertad religiosa y la libertad de pensamiento y afirmó que sin respeto, “la paz no es posible”.
En la iniciativa se señala que el juez puede aumentar la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos, como a los que usen la inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas.
“El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, emite la normativa adicional necesaria para la aplicación de las modificaciones dispuestas en la presente ley en un plazo de 60 días calendarios a partir de su entrada en vigor”, se indica.
La iniciativa fue sustentada por Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Él acotó que la propuesta es importante porque regular temas penales ligados a la inteligencia artificial, que es un campo que está en evolución.
“Los principales desafíos que esta tecnología enfrenta son el incumplimiento de las leyes de protección de datos personales, la violación del derecho y propiedad intelectual, la discriminación y acoso cibernético, entre otros, por lo que requiere con urgencia un marco normativo que sancione su mala implementación”, detalló.
Por su parte, la legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alva, sostuvo que el mal uso de la inteligencia artificial pone en riesgo muchos derechos fundamentales. Además, expresó que se tiene que actualizar la normativa peruana y sancionar severamente a quien comete un delito a través de ese medio.
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