El INAI ha decidido dar de baja a dos funcionarios después de que se revelara que extorsionaron a la Femexfut en busca de obtener boletos para la Copa del Mundo 2026. La resolución fue tomada durante la sesión del pleno del INAI el 12 de febrero, donde se analizó el caso y se decidió remover a los implicados de sus cargos.
El presidente del organismo, Adrián Alcalá, explicó que la decisión de dar de baja a los funcionarios tiene como objetivo facilitar las investigaciones en curso y preservar la confianza en los procedimientos aprobados por el INAI. Los funcionarios removidos son Jonathan Mendoza Iserte, titular de la secretaría de Datos Personales, y Miguel Novoa Gómez, director General de Protección de Derechos y Sanción.
Según la denuncia presentada por el secretario general de la Femexfut, Íñigo Riestra, los funcionarios del INAI habrían ofrecido reducir las multas impuestas a la federación a cambio de boletos para la Copa del Mundo 2026. Se acusa a los funcionarios de ofrecer a las autoridades de la Femexfut reducir las multas si contrataban a un despacho jurídico “aliado”.
En relación con los boletos solicitados, se menciona que presuntamente querían 3 boletos para cada uno de los comisionados integrantes del pleno. El caso por el cual se habría ofrecido una reducción en la sanción es por la recopilación irregular de datos biométricos a través del sistema FAN ID, donde la Femexfut obtuvo información de aficionados sin cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
El INAI inició un proceso sancionador y, en el marco de las investigaciones, se habría buscado la reducción de las sanciones a cambio de los boletos. La comisionada Josefina Román agradeció a los funcionarios dados de baja, mientras que Norma Julieta del Río celebró la decisión, considerando que cierra de manera positiva el caso en el INAI.
En conclusión, la decisión de dar de baja a los funcionarios del INAI implicados en la extorsión a la Femexfut por boletos para la Copa del Mundo 2026 ha sido tomada para preservar la integridad de las investigaciones y la confianza en los procedimientos del organismo. Esperemos que las autoridades competentes identifiquen a los responsables del caso y que se respete el derecho a la presunción de inocencia de los implicados.