El Gobierno Peruano ha implementado un nuevo sistema de control para regular el servicio de delivery a nivel nacional. A través del Decreto Supremo N.º 006-2025-MTC, se establece que los motociclistas y ciclistas que realizan entregas solo podrán operar si están inscritos en un registro especial creado para esta actividad.
Este nuevo Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio de Transporte de Envíos de Entrega Rápida fue habilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar el control sobre quienes prestan este tipo de servicios. Solo los conductores debidamente registrados y autorizados podrán continuar trabajando legalmente.
Según la normativa, el conductor es directamente responsable de cualquier infracción que cometa. En casos donde exista una empresa o empleador distinto al conductor, también podrá aplicarse responsabilidad solidaria.
El registro, que formará parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (Sinarett), contendrá información detallada sobre vehículos, conductores, empresas de delivery y todas las autorizaciones correspondientes. Las municipalidades provinciales estarán a cargo de mantenerlo actualizado.
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Entre los requisitos que ahora serán obligatorios para los repartidores, figura el uso de cascos de seguridad que cumplan normas técnicas específicas, así como chalecos retrorreflectantes que muestren claramente el número de placa del vehículo. También se prohíbe trasladar pasajeros durante los servicios de entrega.
Además, los conductores deberán participar en programas de capacitación en seguridad vial como parte del proceso de formalización. Las nuevas disposiciones traen consigo sanciones importantes. Aquellos que presten el servicio sin estar inscritos o que no cumplan con los requisitos técnicos exigidos se enfrentarán a multas de hasta 0,8 UIT (equivalente a S/ 4280). Estas faltas también pueden derivar en el internamiento del vehículo y la interrupción inmediata del servicio.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca establecer un mayor control sobre el sector delivery, cada vez más presente en las ciudades, y enfrentar los problemas de informalidad y seguridad que afectan a repartidores, empresas y usuarios.