Hace menos de una semana un edificio en la zona de Barrios Altos ardió en llamas. Los seis pisos que forman parte de la edificación perecieron en un siniestro que escaló rápidamente por la presencia de dos almacenes que contenían material inflamable.
La situación no es nueva, el Centro de Lima está acostumbrado a pasar por incendios de gran magnitud debido a almacenes clandestinos, que están recubiertos con puertas metálicas y ni una sola ventana. La Municipalidad de Lima, encargada de fiscalizar este tipo de lugares, hasta la fecha, no ha logrado detener la edificación de nuevos almacenes, pese a la normativa existente que para los informales solo es un saludo a la bandera.
Ayer falleció una enfermera de 38 años y hoy una arquitecta de 26.
El brigadier general de los Bomberos, Alfonso Panizo, indicó a este diario que las normas están establecidas para cumplirlas; pese a esto, cuando ocurren las tragedias se pone en evidencia que el sistema de regularización es fallido, porque no se cumple nada de lo establecido. Eso es un problema que inicia con los arquitectos que se contrata para armar el edificio, sigue con los comerciantes y termina con los municipios.
“Si a eso le sumas la falta de agua en la red pública, como consecuencia de una mala norma de 1970 vigente hasta el día de hoy, sin modificación por parte del Ministerio de Vivienda, entonces tienes el incendio perfecto, que solo se va a apagar cuando se queme todo lo que había para quemarse”, explicó.
EL PROBLEMA DE LOS ALMACENES
Según explicó a Perú21 Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, de acuerdo a la ordenanza 2194 y 2195 (que prohíbe el comercio al por mayor en el centro de Lima) los almacenes no están considerados dentro de los giros autorizados. Sin embargo, desde hace años ellos como empresarios solicitan que se les permita funcionar, ya que, es una “realidad latente”.
Estos almacenes se encuentran llenos de productos importados que abastecen todo el mercado de Mesa Redonda, pero no cuentan con licencia de funcionamiento “porque la Municipalidad Metropolitana de Lima no quiere regular este tema cuando es una realidad innegable en Barrios altos”, dice Nazario. Con regular se refiere a separar informales de formales.
Nazario explicó que hay permisos de construcción de propiedades y que incluso muchos de estos locales están registrados como almacenes, pero que la Municipalidad de Lima no les otorga licencia para funcionar como tal, pese a cumplir con los requisitos y pagar sus impuestos. Por este motivo, los propietarios utilizan estos lugares para vivir y para guardar su mercadería.
“Los propietarios ocupan una parte y alquilan a otros importadores las áreas que no utilizan. Lamentablemente, no cuentan con seguro para la mercadería, pero en algunos casos sí para la edificación, es decir cuentan con licencias de construcción y declaratoria de fábrica, así como tributan con Impuesto Predial y arbitrios”, sostuvo a este diario Román Nazario.
LAS NORMAS NO SON IGUALES PARA TODOS
Otros comerciantes también deben cumplir requisitos para funcionar, por ejemplo, los empresarios dueños de mypes y pymes, así como grandes empresas.
Daniel Hermoza, presidente de la Asociación Mypes, aseguró a Perú21 que las municipalidades, por la ley, deben promocionar el desarrollo económico de su jurisdicción, pese a esto, son los certificados ITSE (Inspección Técnica de Seguridad) los que generan demoras y/o restricciones a comercios como las bodegas.
Sin embargo, hay algo más, y es que los funcionarios municipales establecen “controles desproporcionados aplicando las normas sin importar el tamaño de la empresa y su realidad económica”, lo que significa que es a criterio del funcionario la aplicación o no de una multa en caso de encontrar alguna deficiencia en los negocios que visitan.
Es por este motivo que hay corrupción y se explica de alguna manera la existencia de almacenes clandestinos. “Son estrictos dependiendo las circunstancias, pero al final muchas veces el ánimo de fiscalizar tiene un alto componente recaudatorio o eventualmente político, lo que le quita objetividad al proceso de fiscalización”, indicó Hermoza.
TENGA EN CUENTA
El proceso de construcción es el siguiente: se contrata a los arquitectos, van al municipio y les entregan los parámetros, estos son aprobados por la municipalidad y según lo que pide el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Todas estas construcciones deben cumplir con los parámetros de seguridad según la Norma A 130 para dar inicio a la construcción.
Luego de pasar por la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, el municipio y el Ministerio Vivienda aprueban la edificación y su funcionamiento.