“
Este martes inicia el registro de aspirantes a los cargos que se disputarán dentro del Poder Judicial de la CDMX. El proceso de reforma judicial local que, aunque prometedor en intención, ha mostrado deficiencias desde su etapa inicial. Hoy se han dado a conocer quiénes serán los integrantes de los comités que podrán valorar a los mejores cargos por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, la reciente conformación del Comité de Evaluación para la selección de jueces y magistrados ha generado una fuerte controversia debido a la ausencia de paridad de género, un principio ordenado desde la propia reforma constitucional federal.
La Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, integrada por diputadas y diputados del Congreso capitalino, aprobó un comité evaluador compuesto por cinco integrantes: Sandra Araceli Vivanco Morales, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güeitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde. Sin embargo, con cuatro hombres y una mujer, el grupo incumple el mandato de paridad de género.
Durante la sesión de votación, diputadas y diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN cuestionaron la composición del comité y solicitaron que se incluyera a otra mujer en sustitución de un hombre. No obstante, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial, argumentó que no había tiempo suficiente para reiniciar el proceso de selección, dejando en evidencia la falta de planeación y voluntad para cumplir con los estándares de paridad.
“Efectivamente, no cumplimos con ese tema de la paridad de género, pero al final de cuentas fueron las propuestas que tuvimos,” reconoció Martínez Urincho. Esta declaración pone de relieve un problema estructural: la escasez de candidaturas femeninas en los procesos de selección, que perpetúa la desigualdad de oportunidades en el ámbito judicial.
Lo anterior se advirtió desde un inicio. Si es que ha existido un espacio de exclusión y violencia patriarcal hacia las mujeres, ese ha sido en el poder judicial. No solo las justiciadas sufren del machismo de juzgadores, sino que los titulares, juzgadores y magistrados, durante décadas, han hecho que los espacios de trabajo judicial para las mujeres sean hostiles, violentos, llenos de acoso y violencia sexual así como de discriminación y exclusión.
Las columnas más leídas de hoy
Una de cal por dos de arena. Mientras tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ha mostrado una visión diferente al conformar el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Local (CEPE). Este grupo, compuesto mayoritariamente por mujeres —Mariana Moranchel Pocaterra, Zoraida García Castillo y Patricia Daniel Lucio Espino—, junto con dos hombres —Juan Romero Tenorio y Jorge Sánchez Cordero Dávila—, refleja un esfuerzo más consciente por cumplir con el principio de paridad.
Los aspirantes a cargos judiciales tienen hasta el 31 de enero para inscribirse antes de que ambos comités realicen las evaluaciones pertinentes. No obstante, la desigualdad de enfoque entre los poderes legislativo y ejecutivo ya ha dejado una marca negativa en el inicio de esta reforma judicial.
Clara Brugada ha sido militante del movimiento feminista por décadas y esto no decepciona, pues si bien, uno de los integrantes pertenece a la familia Sánchez Cordero, encumbrados en la comunidad jurídica, la perspectiva del comité ejecutivo está cargada hacia hacer valer la participación de las mujeres. El reto será lograr que mujeres juristas participen para ocupar alguna de las 95 plazas de juzgador que estarán en contienda o alguna de las 30 de magistrados.
El caso del comité de evaluación del Congreso de la Ciudad de México pone en entredicho la seriedad con la que se está abordando la paridad de género en el congreso capitalino. Este principio no debe ser visto como una simple obligación legal, sino como una herramienta clave para garantizar que las decisiones judiciales sean representativas de la sociedad a la que sirven. Por un lado, la Ciudad de México fue testigo de las etapas que vivió el Congreso de la Unión y la presidencia para el registro de aspirantes, integración de comités y las dinámicas de error o riesgo que representaron la falta de tiempo y organización. Conocieron la reforma y tuvieron tiempo para organizarse.
Lo que hoy observamos es improvisación y falta de seriedad que raya en la ilegalidad.
La falta de paridad en el comité también se traduce en una pérdida de legitimidad. En una era donde las demandas por justicia e igualdad son cada vez más fuertes, las instituciones no pueden permitirse ignorar los mandatos legales que buscan cerrar las brechas de género.
Es crucial que el Congreso capitalino tome medidas inmediatas para corregir este tropiezo. Aunque argumentan no tener tiempo para hacer de nuevo el proceso, la paridad de género no puede ser tratada como un tema secundario o una casualidad administrativa. Se requiere voluntad política para garantizar que las mujeres tengan un lugar equitativo en todos los procesos de toma de decisiones, especialmente en aquellos que definirán el futuro del sistema judicial de la ciudad.
La reforma judicial capitalina apenas comienza, y los errores están a la vista. Ahora es el momento de corregir el rumbo y demostrar que el compromiso con la igualdad no es solo un discurso, sino una práctica real y contundente. La justicia no solo debe ser imparcial, también debe ser inclusiva y representativa.
X: @ifridaita
“