En teoría, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene una misión fundamental: garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos en el Perú. En la práctica, sin embargo, la institución se ha convertido, en numerosos casos, en un obstáculo para la inversión privada, afectando sectores estratégicos como la agricultura, la minería, la industria y los proyectos de vivienda rural.
La creciente preocupación del sector privado respecto al papel de la ANA no es nueva. Cada año se acumulan denuncias sobre demoras injustificadas, aplicación arbitraria de procedimientos y flagrante desconocimiento del principio de silencio administrativo positivo. Todo esto configura un escenario de inseguridad jurídica que desalienta la inversión y daña la competitividad del país.
El retraso de un proyecto en el distrito de Palca, Tacna, expone crudamente esta problemática. La empresa responsable inició el trámite para estudios de disponibilidad hídrica subterránea y perforación de un pozo el 6 de diciembre de 2024. Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ANA, el plazo para resolver la solicitud es de 30 días hábiles. Además, en caso de silencio, debería operar el silencio administrativo positivo, validando automáticamente la autorización.
No obstante, han transcurrido más de 90 días sin respuesta formal. La empresa se encuentra atrapada en una parálisis legal que le impide ejecutar su inversión. La inspección ocular se realizó oportunamente en enero de 2025, pero la resolución, obligatoria dentro del mes siguiente, nunca llegó. ¿Qué explica esta omisión sistemática?
La respuesta parece estar menos en un exceso de rigor técnico que en una cultura de ineficiencia enquistada en la entidad, donde la falta de control interno y la burocracia excesiva neutralizan las herramientas legales creadas precisamente para proteger a los administrados de la inacción estatal.
La Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444) es clara: si la administración pública no resuelve dentro del plazo legal, el administrado adquiere automáticamente el derecho solicitado. Sin embargo, cuando se trata de la ANA, la legalidad parece ser un concepto flexible. A pesar de estar obligada a acatar la ley, la entidad omite formalizar los silencios positivos y mantiene a los inversionistas en un limbo operativo, sin reconocer sus derechos ni ofrecer explicaciones.
El daño va más allá de lo administrativo: cada día de retraso representa pérdidas económicas, gastos financieros adicionales y un impacto directo en el cronograma de inversiones, con efectos que pueden extenderse a toda la cadena de valor de un proyecto.
La falta de celeridad de la ANA tiene efectos concretos sobre la economía nacional. En un contexto global donde atraer inversión extranjera es una competencia feroz entre países, la imagen de un Estado lento, poco predecible y desinteresado en respetar sus propios procedimientos ahuyenta capitales y oportunidades de crecimiento.
Sectores intensivos en uso de agua, como la agroindustria, la minería responsable o los proyectos de urbanización rural, requieren certezas, no burocracia. Sin pozos autorizados o sin permisos de uso de agua, los proyectos no avanzan. El resultado es menos empleo, menos dinamismo económico y más brechas sociales.
Casos como el de la empresa El Pino Gerpal S.A.C., cuya queja ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas fue declarada fundada por defectos graves en la tramitación de su expediente, son apenas la punta del iceberg. O el caso de ITSAC, un contratista de la misma ANA, que denunció la falta de pago por servicios ejecutados hace más de tres años, situación que derivó en despidos masivos.
Incluso el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reconoció en 2024 la gravedad del problema y ordenó una reorganización de la entidad, admitiendo «serias deficiencias» en su gestión y alertando sobre posibles actos de corrupción interna. Gremios de usuarios de agua también han levantado su voz, exigiendo cambios urgentes para frenar lo que califican como una “absoluta incapacidad” administrativa.