Su entrada en el mundo privado como socio del estudio Moreno, Sáez y Avilés ha cambiado la forma en que Jorge Bermúdez ve el Derecho, después de ocho años como Contralor General de la República. Desde su oficina en el piso 14, en el barrio El Golf, explica que esta experiencia le ha abierto nuevas perspectivas y que su conocimiento del sector público le permite ver “la foto completa” al analizar un caso, lo cual considera su principal activo en esta nueva etapa de su carrera. Su experiencia ya lo ha llevado a ser solicitado por empresas y sociedades para la elaboración de informes legales y otras asesorías.
Hasta ahora, ha preparado opiniones sobre una variedad de industrias y casos. Ha cuestionado la legalidad del rechazo al proyecto inmobiliario “Edificio Makroceano” en Concón y ha criticado la falta de aplicación de un procedimiento sancionador por parte de la CMF en el caso Sartor. También ha trabajado en temas relacionados con mineras, puertos, concesiones acuícolas, entre otros asuntos estratégicos que no puede revelar.
En el estudio, colabora con Luis Prieto, socio de la firma y también con experiencia en el sector público. Juntos, junto a los abogados Sebastián Riestra y Josefina Gabler, han establecido el área de derecho público de Moreno, Sáez y Avilés, con el objetivo de posicionarse en los casos más relevantes en esta disciplina.
Aunque la firma es conocida por su enfoque en temas medioambientales, Bermúdez y Prieto coinciden en que el derecho público complementa esta área. La creación de esta nueva área responde a la necesidad de los clientes de contar con un servicio más completo en su relación con la administración del Estado. Bermúdez destaca la importancia de dar un servicio rápido, certero y bien fundamentado, basado en el conocimiento interno del funcionamiento del Estado.
En cuanto al funcionamiento de la administración pública, Bermúdez señala la falta de modernización del aparato estatal como uno de los principales problemas. Considera que la solución no está en la creación de nuevos ministerios o en proyectos de ley sobre permisos sectoriales, sino en una visión de Estado que llegue a todos los funcionarios y promueva la eficiencia y rapidez en la toma de decisiones.
Prieto agrega que el problema en el sistema de permisos actual radica en la interpretación de la norma para alcanzar ciertos objetivos, lo cual puede llevar a decisiones arbitrarias. Destaca la necesidad de modernizar el Estado para evitar la burocracia y agilizar los procesos de toma de decisiones.
En cuanto a la solución de esta problemática, ambos se muestran escépticos respecto al proyecto de ley de permisos sectoriales y consideran que se necesita una visión de Estado que promueva la eficiencia en toda la administración pública. Bermúdez destaca la importancia de dar respuestas rápidas a los trámites, citando ejemplos de concesiones que llevan años en proceso y que podrían generar empleo y actividad económica.
En resumen, la experiencia de Bermúdez en el sector público le ha permitido tener una visión integral al analizar casos legales en el sector privado. Junto a Prieto y otros abogados, han establecido el área de derecho público en su estudio con el objetivo de ofrecer un servicio completo y bien fundamentado a sus clientes, basado en un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado. Su enfoque en la modernización del aparato estatal y la eficiencia en la toma de decisiones refleja su compromiso con mejorar la administración pública en Chile.