El gobierno ha presentado una nueva ley con grandes promesas en cuanto a vivienda digna, accesible, sustentable y para todos. Sin embargo, la historia reciente está plagada de instituciones saqueadas y derechos pisoteados, como el caso del Infonavit. Este organismo, que solía ser un símbolo de acceso a la vivienda para los trabajadores, se ha convertido en un sinónimo de caos.
Entre los momentos más problemáticos del Infonavit se encuentran la subasta de créditos vencidos en 2017, donde miles de familias fueron desalojadas por despachos de cobranza; la falsificación de firmas para despojar de viviendas a trabajadores entre 2018 y 2020; y la pérdida de al menos $5,000 millones de pesos destinados a programas habitacionales en 2021.
La nueva ley de vivienda promete regular los precios de alquileres, crear un fondo público para subsidiar la vivienda y desarrollar proyectos urbanos sustentables. Sin embargo, la pregunta que surge es si el gobierno está realmente preparado para implementar estas medidas sin caer en la corrupción, dada su historia reciente de mal manejo de recursos.
Detrás de las revelaciones sobre el Infonavit parece haber una estrategia para desacreditar instituciones públicas y justificar su desmantelamiento. La desaparición de organismos autónomos como el INAI es parte de esta estrategia, que busca centralizar el poder y los recursos para fortalecer la base política del gobierno.
Las promesas de la nueva ley de vivienda suenan atractivas, pero sin mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, existe un riesgo de que se convierta en una herramienta de control más que en una solución estructural. Es importante que los ciudadanos estén atentos y exijan un cambio real que beneficie a todos, no solo al gobierno en turno.