Nadine Heredia fue captada recorriendo un centro comercial en São Paulo, pocos días después de haberse instalado en la ciudad brasileña luego de obtener asilo político tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos. Sin embargo, ha causado división en la política local debido a esta medida.
Mientras la exprimera dama pasea libremente en la ciudad brasileña pese a una condena por corrupción en su contra en nuestro país, el Congreso brasileño busca que se esclarezca el monto usado para el traslado de Heredia y su menor hijo en el avión militar que los sacó de Perú.
El Ministerio del Interior reincorpora al exgobernador de Junín y al exministro de Transportes en el Programa de Recompensas tras nuevas diligencias legales.
La Comisión de Relaciones Exteriores busca urgentemente explicaciones sobre el uso de estos recursos públicos con fines que muchos consideran no tendría sustento legal, según un reportaje de Cuarto Poder.
“No es imaginable que nosotros los brasileños tengamos que pagar con nuestros recursos de nuestros impuestos una transferencia de una persona que ha sido condenada por corrupción en otro país. No es posible que los recursos de los impuestos de los brasileros sean utilizados para la transferencia de una corrupta de un país a otro”, indicó Sóstenes Cavalcante, diputado del Partido Liberal, opositor más grande del gobierno de Lula da Silva.
Los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia de Brasil tiene 30 días para dar explicaciones sobre el tan cuestionado asilo político en un Congreso que se encuentra dividido y hasta dispuesto a exigir una auditoria al Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos públicos en dicho país.
“Es inaceptable. Hasta ahora no tenemos esas informaciones, el gobierno pone todo por debajo de la tierra para que no se sepa”, añade Cavalcante.
Según la defensa de Heredia, el asilo se justifica en que es una perseguida política, algo con lo que no están de acuerdo los grupos opositores más grandes al partido de Lula en el Parlamento.
Mientras la exprimera dama realiza su vida tranquilamente en tierras paulistas, el Parlamento local y el Gobierno buscan evidenciar la cantidad de recursos públicos que se han gastado en el traslado de una condenada por corrupción.
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