El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia histórica en la que ordena al Estado abstenerse de aprobar cualquier marco jurídico que exima de responsabilidad penal, civil o administrativa a los mineros informales en el proceso de formalización minera, incluido el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Los mineros informales están aumentando la presión ante la falta de acción por parte del Congreso y el Ejecutivo. Confemin se reunirá el 5 de abril en Chala para exigir la ampliación del REINFO y proponer que el Banco de la Nación compre su oro.
La decisión se basa en la declaración de improcedencia, por mayoría, de la demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra los artículos 1 y 2 de la Ley 31388. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que no se puede permitir la impunidad penal en delitos ambientales, ni siquiera como parte de un régimen transitorio. Cualquier política pública que permita dicha exoneración va en contra del deber estatal de proteger el medio ambiente, un derecho fundamental de todas las personas.
Además, el TC ha instado al Congreso y al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar un nuevo sistema de formalización para la minería artesanal y de pequeña escala, con la participación activa de los mineros informales, los titulares de concesiones y las comunidades afectadas.
En sus fundamentos, el Tribunal destaca la importancia de no permitir exenciones penales dentro del REINFO ni en futuras prórrogas del mismo. Asimismo, expresa preocupación por los escasos avances en la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, advirtiendo que de no tomarse medidas urgentes, se agravarán los daños a las poblaciones vulnerables, al medio ambiente y a la recaudación fiscal, así como se incrementará el poder de la minería ilegal.
El fallo, con votos a favor de los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández, marca un precedente importante para el futuro de la minería informal en el Perú. El mensaje del Tribunal Constitucional es claro: el proceso de formalización no puede ser sinónimo de impunidad y el Estado debe asumir un rol activo y responsable en la protección del ambiente y la legalidad.