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No se sabe con claridad cuál es la mayor amenaza que enfrenta el país. Si es el crimen organizado, el arribo de Trump o la complacencia social por el estado de cosas. Lo peor de todo es que los tres problemas se entreveran para hacer del futuro un gran problema porque se han debilitado o eliminado las instituciones; las libertades acusan una merma, especialmente la de expresión por la autocensura; la oposición está en su más bajo nivel, y los factores de poder incapaces para contener el abuso o los excesos de poder. La resultante es que los problemas de siempre persisten como es la impunidad y la desigualdad, a los que se agrega la violencia en todas sus expresiones.
Ha sido un acierto de gobierno cambiar la estrategia en el combate al crimen organizado y todavía más que quien coordine los esfuerzos institucionales sea un civil. Revertir la situación requerirá tiempo, persistencia y claridad de objetivos. No todo el territorio está sometido al flagelo del crimen, pero son cada vez más los lugares en tales condiciones y hay municipios y entidades en las que la ausencia de autoridad es la realidad y el crimen se sobrepone o se impone a las autoridades.
Se dejó pasar demasiado tiempo. La tragedia por la violencia no remite al inicio del gobierno de López Obrador, sino mucho antes. El origen del problema no es la pobreza o la desigualdad, es la impunidad y no hay gobierno que pueda excluirse de tal insuficiencia. El incentivo es claro, se puede intimidar, maltratar o asesinar y no hay sanción consecuente; si acaso hay detención, la liberación ocurre por indebida gestión ante el Ministerio Público y, eventualmente, ante el juez, casi siempre local. El efecto de oprobio es que uno de 100 de los asesinos llegua a la sentencia corporal. Tragedia nacional. Coahuila, Querétaro o Yucatán son la excepción y por algo allí la inseguridad tiene una diferenciada expresión, los asesinos son llevados a la justicia y son sentenciados, como ocurre en cualquier país civilizado.
La connivencia con el crimen organizado toma al gobierno en mal momento al regreso a la presidencia Donald Trump. Él y los suyos ratifican que la complacencia del gobierno mexicano con los criminales no es casual, sino expresión de connivencia, complicidad de las autoridades con los criminales. ¿Qué tan lejos están dispuestos llegar? Un problema para ellos incursionar abiertamente en el territorio nacional. Ni es la manera de resolver y eso cambia no sólo la relación con un aliado confiable y dócil, sino que la misma sociedad mexicana repudiaría cualquier forma de intervención militar y eso complicaría el futuro de la relación. La realidad es que la estrategia de los abrazos no balazos ha dejada expuesta la soberanía del país y de materializarse la decisión de considerar a los narcotraficantes como terroristas abriría la puerta para la aventura militarista del vecino.
El problema de fondo en México está en la ausencia de ciudadanía, de otra forma no se entiende las votaciones abrumadoras por López Obrador en 2018 y por Claudia Sheinbaum seis años después. Esto ocurre porque el oportunismo de las élites mexicanas y, desde luego, por una oposición sin sentido de su responsabilidad. La elección pasada son condena a las dirigencias del PAN, PRI y PRD, así de sencillo, así de contundente. El PRD dejó de existir, los dirigentes del PAN y del PRI se reprodujeron en el poder. Así, la opción por una nueva fuerza política democrática es indispensable, necesaria para airear el sistema de partidos y dar cauce a las expresiones sociales sobre la contención al régimen autocrático.
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La amenaza del narcotráfico, Donald Trump o la complacencia social plantean un reto mayúsculo de inimaginables proporciones. Es de esperar que el régimen minimice los riesgos y magnifique su músculo para contener o enfrentar los problemas por delante. Sin embargo, corresponde y es obligado exponer la prospectiva crítica, la que se potencia por la fragilidad de la economía nacional, escamoteada por el gobierno e ignorada por el sector empresarial y buena parte de la opinión pública.
México enfrenta las mayores amenazas en un país dividido, un gobierno en la soberbia y un Congreso inexistente en sus responsabilidades fundamentales. La presidencia de la República tiene un desafío mayor, lo menos que se puede esperar es un sentido de inclusión y de respeto al opositor o al que disiente para facilitar el respaldo de todos en la gestión de las amenazas que se ciernen sobre el destino nacional.
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