El caso inició en 2015 y ante la imposibilidad de investigar a Ollanta Humala, por ejercer entonces como presidente de la República, la primera en la mira fue Nadine Heredia. Una década después, el fiscal Germán Juárez analiza la sentencia que consiguió esta semana contra la expareja presidencial y que ha concluido con Humala preso y Heredia asilándose en Brasil.
Exprimera dama llegó pasadas las 8:30 pm (hora brasileña) a esa ciudad.
¿La Fiscalía tiene algo de responsabilidad en la huida de Nadine Heredia a Brasil?
El Ministerio Público no tiene ninguna responsabilidad en este extremo. Recordemos que esta no es la primera vez que la señora Heredia trata de huir de la justicia. En 2016 consiguió un contrato de la FAO cuando entonces el encargado era justamente vinculado al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva (…) ahí la Fiscalía se opuso (…) el año pasado Heredia quería también pedir permiso para irse a Colombia, supuestamente para un tratamiento de cáncer cuando no estaba debidamente justificado, nos opusimos y se le denegó si no ahorita estuviera ya en Colombia.
¿Pero hay algún responsable? Quizás la Policía debió haber hecho seguimiento.
Nadine Heredia había presentado un certificado de salud al colegiado diciendo que ella no podía estar presencialmente, sino que lo iba a hacer virtual. Nosotros nos hemos dado cuenta después del fallo. Un poco atípico también que se le haya dado de una manera tan célere este salvoconducto, cuando creo que previamente debieron haber analizado este tema del Ejecutivo.
¿El Ejecutivo es el responsable?
Los asilos se dan cuando hay persecución por ideas, por opiniones, y en ese sentido lo que protege es el tratado o esta convención de asilo para casos de gobiernos no democráticos que muchas veces hacen persecución política (…) Pero en este caso se trata de una persona que ha sido procesada y condenada por lavado de activos. Y, sin embargo, se le ha otorgado un salvoconducto bastante célere.
¿El Gobierno debió oponerse a otorgar el salvoconducto?
Pienso que se debió haber analizado el escenario si efectivamente era una persecución política, que no lo es (…) sino, imagínate, pues esto sería desnaturalizar la esencia, la institución del asilo, justamente se ha dado para perseguidos políticos.
¿Pero debió o no otorgarse el salvoconducto?
El Gobierno estaba en la obligación (de otorgar el salvoconducto), pero al menos debió haber hecho un pronunciamiento, una protesta, de que no se trataba de una perseguida política.
¿Qué lecciones deja para la jurisprudencia la condena contra Ollanta Humala y Nadine Heredia?
Esta es una sentencia muy importante. Se ha demostrado que ha habido un debido proceso, los acusados han tenido su derecho a defensa; ha habido un juicio imparcial; y se deja un precedente para los demás casos que son similares porque ha quedado establecido que el dinero proveniente de la Caja 2 (que ha servido para financiar campañas políticas) era ilícito, producto de la corrupción.
¿Como en el caso de Keiko Fujimori?
Ese caso es similar. Porque no olvidemos que Marcelo Bahía Odebrecht le pide a Jorge Barata para apoyar al Partido Nacionalista con tres millones de dólares y Barata se opone. Dice: “¿Cómo vamos a apoyar? Es demasiado dinero. Es más, se trata de un candidato antisistema”. Entonces, Marcelo Odebrecht le responde: “Mira, no es una cuestión de opción, sino de decisión. Esos tres millones de dólares cárgalos a mi cuenta, pero para que no haya problemas, auméntale 500 (mil dólares) a Keiko”. Y así es que ese dinero provino también de la Caja 2 para financiar la campaña de Fujimori.
¿Con esta sentencia se puede concluir que los aportes de campaña no declarados pueden ser un delito de lavado de activos?
No. Nosotros hemos imputado es que ha venido al Perú dinero de origen ilícito, ha ingresado al circuito económico del país, para pagar publicidad, pancartas, todo lo que se gasta en una campaña electoral, y que allí ese dinero ilícito se ha lavado. Para justificar ese dinero se le ha dado apariencia de legalidad consignando aportantes de campaña que han negado en juicio esos aportes. Eso es lavado de activos.
¿Cómo demostró usted que hubo dinero ilegal de Venezuela en la campaña humalista de 2006?
Acá recurrimos a la prueba por indicios. Fueron testimonios de las personas que habían estado cerca al Partido Nacionalista en ese entonces. Dos personas fueron claves al señalar que vieron maletines tipo mochilas con dinero al interior que sacaban de la Embajada de Venezuela, y a eso se suma la declaración de Martín Belaunde Lossio que reconoce haber recogido el dinero (…) lógicamente, ese dinero venía de las arcas del Gobierno venezolano para financiar la campaña y, por lo tanto, era un delito de peculado.
En el juicio se mencionó que S/1’574,000 ingresaron a la campaña de 2006 a través de aportantes que negaron esos abonos, ¿ese dinero es del Gobierno venezolano?
No todo ese monto provino de Venezuela, no se ha llegado a determinar el monto total pero se ha logrado establecer que toda esa cifra no está debidamente justificada porque los aportantes, que fueron entre 30 y 40 personas, negaron los aportes. Se usó a esos aportantes para blanquear el dinero que vino de Venezuela.
Tenga en cuenta
-“Otra fase del lavado es lo que se hizo con el saldo de la campaña de 2006. Para legitimar ese dinero, la señora Nadine Heredia genera contratos ficticios por servicios de asesoría. Ahí vino el contrato con la empresa Apoyo Total”.
-“En mi investigación no utilizamos mucho a la Policía porque quien estaba en el Ejecutivo era Ollanta Humala Tasso, que manejaba al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional”.