Señor Director:
En un solo día de lectura del diario, se pueden contar varias declaraciones de importantes inversionistas lamentándose por la ya famosa “permisología”. Y no es para menos: basta mirar a nuestros países vecinos para entender que el problema no es de recursos ni de complejidad, sino de voluntad. El hecho de que en Perú o Argentina los proyectos se aprueben en una fracción del tiempo que en Chile es una alarma.
Ningún permiso o estudio técnico debería tomar años. Así como no se necesitan 17 abogados para vender una casa, tampoco debiera requerirse un batallón de funcionarios públicos para aprobar un proyecto. Sin embargo, el Estado chileno parece decidido a desmentir esa lógica: hoy contamos con cerca del doble de funcionarios públicos que hace un par de décadas, y el resultado está lejos de ser el doble de eficiencia.
Con más de un mes de licencia médica promedio al año en el sector público —tres veces más que en el privado—, se hace evidente que hemos llevado la ley de los rendimientos decrecientes al máximo. La carga la terminan llevando siempre los mismos: los que deben lidiar con el papeleo, la espera, la incertidumbre y, por supuesto, los impuestos.
A propósito, ya queda menos para la declaración anual. Y como toda fiesta, esta también hay que pagarla.
Nicolás Brancoli
Socio de Impuestos de EY