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La pregunta no es si debe dejar su cargo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, sino si el centro va a continuar apoyando a un mandatario que ha significado ser un lastre para los sinaloenses y bajo sospecha de colusión con el crimen organizado. Si verdaderamente las familias de dicho estado importan, el mandatario debió dejar el cargo al momento que se probó por la FGR el montaje o encubrimiento de la fiscalía local en el asesinato del rival político Melesio Cuén hecho que, por cierto, convalidaba la versión de El Mayo Zambada que comprometía gravemente al mandatario.
La razón más poderosa para que no caiga el gobernador es porque no queda claro que su relevo significaría un punto de quiebre sobre el serio deterioro de la seguridad producto del cruento enfrentamiento entre los chapitos y los mayos. La situación se desestabilizó con el secuestro y la entrega de El Mayo a las autoridades norteamericanas. López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum demandan de las autoridades norteamericanas sobre su involucramiento en los hechos. Hay sobrada sospecha de que fue un operativo diseñado por los vecinos y, consecuentemente, un acuerdo con los hijos de Joaquín Guzmán, responsables de ejecutarlo.
El relevo del gobernador significaría que el centro se hiciera responsable de lo que suceda adelante y llevaría a las autoridades federales a ser una suerte de fuerza de ocupación con el deterioro de la vida normal de los habitantes de dicho estado, particularmente, de Culiacán. Por ahora queda claro que el responsable y quien concita el rechazo social es el gobernador Rocha y las fuerzas locales, pararrayos de una situación compleja que rebasa a toda autoridad.
Desde hace tiempo, el régimen decidió arropar al gobernador Rocha en una inercia esencialmente política y proveniente del presidente López Obrador. Ahora, la dificultad mayor y factor para la caída del gobernador lo representa la relación con EU y la convicción que existe en muchos funcionarios y en la sociedad norteamericana de colusión de las autoridades mexicanas con los cárteles del narcotráfico. La presidenta Sheinbaum y su secretario García Harfuch están fuera de sospecha, no así el expresidente, a quien se le acredita la protección de que ha gozado Rubén Rocha. No se aprecia la situación como un caso más de cinismo político a partir de objetivos electorales, sino de complicidad por razones de dinero y poder. El problema es que El Mayo tiene todos los incentivos para dar a conocer el arreglo existente del narco con el gobierno de Sinaloa y, eventualmente, con el gobierno federal. El detenido debe tener la convicción de que su secuestro fue por acuerdo del gobernador Rocha con Los Chapitos. La condena de García Luna demuestra que las declaraciones de los narcotraficantes tienen poder suficiente para incriminar si así lo deciden la fiscalía.
Sinaloa vivió por décadas la pax narca o coexistencia pacífica del crimen organizado con las autoridades federales y estatales. Un caso de complicidad política y social. El problema es que el cártel de Sinaloa se volvió productor y exportador de fentanilo, planteando un conflicto mayor con el gobierno de EU y que la detención de Joaquín Guzmán Loera abrió una fisura en el otrora cohesionado grupo criminal, bajo la sospecha de que El Mayo habría sido un factor para la detención de El Chapo Guzmán, dicen sus hijos, para justificar el secuestro y entrega de El Mayo a las autoridades norteamericanas.
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El parte militar y civil sobre la situación en Culiacán que recibe la presidenta Sheinbaum, si es veraz, debe señalar que llevará mucho tiempo y persistencia para estabilizar al estado y su capital. Un nuevo equilibrio con la presencia de los criminales es imposible porque hay interés explícito de las nuevas autoridades norteamericanas de combatir con todo a los criminales que han hecho del fentanilo un lucrativo negocio, fácil de producir y exportar.
Rubén Rocha es un cadáver viviente sostenido por la compleja situación que enfrenta porque el problema no es él, sino las décadas de abandono institucional que hizo del crimen organizado el factor de estabilidad en la región. Diversos factores pueden llevar a su caída, pero precisamente su funcionalidad en la presente crisis le mantiene en el poder y así podrá seguir. Lo peor de todo es que en el balance a partir del secuestro de El Mayo, ha contribuido para complicar aún más su situación y, ciertamente, si la recuperación de la normalidad dependiera de la remoción del gobernador, varios caerían, entre otros, el gobernador de Tabasco, Javier May.
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