Es una vergüenza nacional que tres expresidentes de la República: Toledo, Castillo y Humala estén recluidos en el penal de Barbadillo. Kuczynski cumplió detención domiciliaria, Vizcarra se encuentra en juicio oral y todo hace prever que terminará también de ‘huésped’ en el penal de Ate. El mismo camino podría seguir la actual mandataria, Dina Boluarte, sobre quien recaen indicios de haber cometido una serie de delitos.
En otros países, vemos orgullosos a sus exgobernantes en la primera fila de ceremonias protocolares o participando en conferencias internacionales, donde aparecen como políticos de prestigio o con los antecedentes de haber gobernado su nación, por uno o dos periodos. En nuestro querido Perú, a la mayoría de nuestros exmandatarios los vemos desfilando por las salas penales, rodeados de abogados y policías, y sentados en el banquillo de los acusados.
La gran pregunta que debemos hacernos los peruanos es: ¿cuál es la razón o causa de que esto suceda y quiénes son los responsables de esta desgracia?
Sin profundizar demasiado, a primera vista, aparecen los partidos políticos. Estos son los que presentan a sus candidatos ante las autoridades electorales que luego serán sometidos al voto popular. Ergo, estas organizaciones son las mayores responsables, desde sus comités ejecutivos nacionales, pasando por todos sus militantes, hasta sus estructuras. La responsabilidad es total, involucra a todos sus estamentos, aunque puede deslizarse la posibilidad de que el candidato haya engañado a todos presentándose como una figura intachable y como un gran líder, que no lo es.
En el orden de responsabilidades tenemos también a los votantes, quienes somos los directos responsables de su elección, ya sea porque fuimos engañados o atraídos por las promesas, los dotes de orador, su simpatía o las dádivas del candidato.
Si bien es cierto, tanto los partidos como los electores, somos los que encumbramos al candidato a la más alta magistratura de la nación habría que reflexionar al respecto y preguntarnos qué hacer en el futuro para no equivocarnos una vez más.
Entonces, podemos empezar por examinar adecuadamente su hoja de vida, los logros alcanzados en su vida familiar, gremial, laboral, comunitaria y política. Solicitar información a las entidades financieras y crediticias para comprobar la declaración jurada que presentó a la organización política para su postulación. Además, debemos verificar sus antecedentes policiales y judiciales.
Un espacio principal ocupa en nuestra preocupación el hecho de tener ‘partidos SAC’, aquellos que son fundados y delineados por el dueño de la asociación, quien no conduce democráticamente la institución y hace lo que le viene en gana con la estructura y con las listas de candidatos en todas las elecciones, sean estas nacionales, regionales o locales. Ante esta ‘imposición’, y debido a su pecado original de haber aceptado estas condiciones al ingresar, los militantes están obligados a respetar y seguir sin chistar. Esta situación tiene que cambiar, la elección de una autoridad, ya sea presidente, congresista, gobernador o alcalde, debe ser una responsabilidad compartida y colectiva que involucra a partidos políticos y electores.
Finalmente, todos los peruanos debemos coincidir en que las penas para castigar a los presidentes y las autoridades que cometen delitos deben ser drásticas, ejemplares y diferentes de las ‘normales’. Estos deberían sufrir el decomiso de todos sus bienes, tanto ellos como sus descendientes, en defensa de los intereses del Estado. Además, sus nombres deben quedar inscritos como corruptos en la historia de la República.
Reflexión: Muchos nos preguntamos: ¿qué hace una tortuga en lo alto de un poste?, ¿quién la ayudó a subir y cuándo la podremos bajar? La respuesta es muy simple. Fuimos nosotros, los electores, los que la subimos y no la podremos bajar hasta que pase el periodo para la que fue ‘elegida’.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros